El Consejo de Estado reunirá mañana, domingo, su Comisión Permanente para aprobar el dictamen de los dos recursos que el Gobierno piensa interponer ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre.
Fuentes de esta institución han informado a Efe de que la reunión de la Comisión Permanente tendrá lugar a lo largo de la tarde de mañana, domingo.
Las mismas fuentes han indicado que la sección primera del Consejo de Estado -dirigida por Landelino Lavilla y a la que corresponde el estudio y la redacción de los dictámenes- ha comenzado a trabajar ya sobre ellos.
El criterio del Consejo de Estado sobre la ley de consultas está "muy avanzado", explicaron las fuentes de esta institución, que añadieron que ahora hay que analizar el decreto de convocatoria de la consulta soberanista que fue firmado hoy por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.
El Gobierno ha iniciado hoy los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del referéndum soberanista del 9 de noviembre que, según ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, "no se va a celebrar porque es inconstitucional".
Así, ha remitido al Consejo de Estado, a través del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la petición de los dictámenes y ha fijado una urgencia de 48 horas, lo que permitirá al Consejo de Ministros disponer de ellos en la reunión extraordinaria que celebrará el próximo lunes, día 29, para acordar la presentación de los recursos.
Será la Abogacía del Estado quien los presente ante el Tribunal Constitucional. Rajoy, en una conversación informal ayer con periodistas durante su visita a la Ciudad Prohibida de Pekín, aseguró que afronta con "total tranquilidad" este proceso.
El jefe del Ejecutivo comentó que ya dijo hace un año qué es lo que haría el Gobierno si Mas seguía adelante con su intención de convocar la consulta y que eso es lo que va a hacer. Unas intenciones que pasan por cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que Rajoy entiende que esa consulta no puede celebrarse y él no la va a permitir.
Una vez que el Gobierno haya presentado el recurso en el TC, esta institución deberá decidir cuándo convoca un pleno extraordinario para debatirlo, ya que no hay ninguno ordinario previsto para la próxima semana. El presidente del TC tiene entre sus atribuciones la convocatoria del pleno, según establece el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
También el Reglamento de la institución recoge, en su artículo 4, que el presidente convocará el pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres magistrados.
La convocatoria del pleno se hará con tres días de antelación, salvo que, a juicio del presidente, "la urgencia del caso no permita cumplir ese plazo", según la normativa.
SANTAMARIA: NO HABRA CONSULTA
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras anunciar que el Ejecutivo ha solicitado al Consejo de Estado el informe preceptivo para la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional, ha recalcado que una vez suspendida la ley y la convocatoria de la consulta "no puede llevarse a cabo ninguna actuación tendente a ejecutarla, a continuarla o a que surta efecto".
"La suspensión es automática y produce el efecto de que no puede producir ningún efecto de ninguna naturaleza, ninguno con carácter preventivo; se suspende y deja de producir efectos porque se suspende la ley de consultas y el decreto que trae causa de la anterior y que una vez suspendido no se puede continuar ejecutando", ha advertido.
Preguntada por qué es ilegal una consulta no vinculante, la vicepresidenta ha reiterado que un referéndum "lo es con independencia de su carácter vinculante o no" y que la Constitución prevé referendos no vinculantes que, sin embargo, lo son "como la copa de un pino".
Por eso ha pedido a la Generalitat que "tenga muy presente que el carácter no vinculante no es lo que diferencia un referéndum de una consulta". "Ningún Gobierno está por encima de la voluntad soberana del pueblo español", ha indicado la vicepresidenta, quien ha subrayado en varias ocasiones que "sin ley no hay democracia", ha recalcado.
