La Audiencia Nacional ha condenado al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector jefe José María Ballesteros a un año y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación por revelación de secretos por el chivatazo a ETA en el bar Faisán, que frustró una operación en 2006.
La sección tercera de la Sala de lo Penal les absuelve del delito de colaboración con organización terrorista al entender que el chivatazo no fue una "acción directa de los acusados para favorecer una actuación puntual" de la banda, sino que la intención era "no entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA".
Los magistrados recuerdan que en este caso no hubo "una voluntad de realizar la conducta típica prevista para el delito de colaboración con banda terrorista, que es la de favorecer la actividad de la organización, cualquiera que sea el móvil", sino que su intención era no obstaculizar el diálogo de paz entre el Gobierno y ETA aprobado por el Congreso en 2005.
SE CONSIDERA PROBADO QUE…
La sentencia considera probado que Pamies fue quien, el 4 de mayo de 2006, dio el chivatazo al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, que tiró por tierra una operación contra la red de extorsión de ETA, y que lo hizo con la "colaboración imprescindible" de Ballesteros
Este último acudió al bar y, a las 11.23 horas, le entregó el teléfono a Elosua, al otro lado del cual estaba Pamies, quien le alertó de que se iba a detener un presunto etarra que vivía en Francia y con quien el dueño de Faisán se iba a reunir ese mismo día.
Para llegar a esa conclusión los magistrados se apoyan en el tráfico de llamadas poco antes de la entrada de Elosua al bar y en la baliza de seguimiento instalada por la policía en el coche de este, que grabó una conversación con su yerno en la que revelaba la conversación mantenida con Pamies.
Poco antes de la entrada de Elosua en el bar, destaca la sentencia, se produce una llamada de Pamies a Ballesteros y cuando el dueño del Faisán había entrado ya en el establecimiento el jefe superior vuelve a llamar al inspector.
Las defensas de los policías afirmaron en el juicio que Ballesteros estaba en la zona porque Pamies le había ordenado que acudiera para hacer una batida antes de reunirse cerca de la frontera con el confidente "El Romano", quien respaldó en el juicio esta versión, a la que sin embargo los jueces no dan credibilidad.
Para la sala resulta "extraño" que, siendo Pamies la "máxima autoridad policial" del País Vasco, conociera de la operación contra ETA la tarde antes, y recalca que el confidente dependía económicamente de Pamies y otros cargos policiales dijeron en el juicio que nadie comentó nada de esa reunión.
Los dos policías condenados por el soplo a ETA en el bar Faisán van a recurrir ante el Tribunal Supremo la condena de un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación por revelación de secretos que les ha impuesto la Audiencia Nacional en una sentencia que consideran "imprecisa".
Por el contrario, la Fiscalía no tiene previsto recurrir la sentencia ante el Supremo porque acoge sus planteamientos.
REACCIONES
El Gobierno ha acatado la sentencia que condena a los policías del chivatazo a ETA y esperará el fallo firme antes de tomar medidas contra ellos, mientras que el PSOE ha recordado que será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra y las víctimas del terrorismo han exigido que se investigue quién lo ordenó.
Después de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no ha querido pronunciarse sobre el fondo de la misma, ha dejado claro que hasta que el fallo no sea firme y se agoten todos los recursos que puedan interponer los condenados, su departamento no tomará medida alguna.
También desde el Gobierno, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mostrado su respeto y acatamiento del fallo, como "hace siempre" el Ejecutivo ante cualquier resolución judicial.
Mientras, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dirigía el Ministerio del Interior cuando se produjo el chivatazo, ha subrayado su respeto hacia la sentencia y ha señalado que será el Supremo el que tenga "la última palabra".
A Rubalcaba se ha referido el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, quien ha considerado que la sentencia demuestra que el líder socialista pasó tres años "mintiendo" al Congreso y, en consecuencia, a la sociedad.
Precisamente, Gil Lázaro, que durante la pasada legislatura bombardeó a Rubalcaba con preguntas en el Congreso sobre el caso, ha señalado que el fallo demuestra tres cosas: que el chivatazo "existió", que hubo con él "finalidad política" para el "mal llamado proceso de paz" y que se produjo un "grave daño a la causa pública".
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ordenó al fiscal del caso que acusara a los dos policías de colaboración con ETA, ha defendido la necesidad de "acatar, pero de verdad y respetuosamente, las decisiones de los tribunales".
Las asociaciones de víctimas también han reaccionado a la sentencia y han exigido que se investigue quién o quiénes dieron "órdenes superiores" para el chivatazo.
Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), personada como acusación particular en el caso, ha calificado el fallo de "indecente" y ha pedido a los dos policías que señalen a aquellos que les ordenaron dar el chivatazo.
Por su parte, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que también se personó en el caso y que recurrirá la sentencia, se ha referido a la decisión de la Audiencia Nacional de absolver a los dos policías de colaboración con organización terrorista, lo que significa "justificar lo injustificable", ya que el soplo a ETA fue una "ignominia" que no evitó muertes.
Muy decepcionado con la condena se ha mostrado el Sindicato Profesional de Policía (SPP), al que está afiliado Pamiés, y su portavoz, José Antonio Calleja, ha indicado que la sentencia "es una copia del informe del equipo que investigó la filtración que apuntaba como responsables" a los dos condenados.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, ha estimado que la sentencia ha sido impuesta por un tribunal pero "empujada" desde el Gobierno y el PP. Según su portavoz, José María Benito, tanto Pamies como Ballesteros han sido víctimas de una justicia "politizada" y de un "montaje" en la investigación de la filtración a ETA para ocultar a los "verdaderos culpables" del chivatazo.
La sentencia, contra la que cabe recurso en el Tribunal Supremo, condena a Pamies, como autor material y directo, y a Ballesteros, como cooperador necesario, de un delito de descubrimiento y revelación de información obtenidos a través de su cargo que no deben ser divulgados con grave daño para la causa pública.
