Este lunes comienza el juicio de la denominada "Operación Karlos" contra una supuesta trama organizada para conseguir pensiones de invalidez mediante certificados y justificantes médicos falsos. Será en la Audiencia Provincial de Cádiz donde se va a juzgar a los treinta implicados en la red que se destapó en 2006, cuando agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de que Carlos Carretero, ex jefe de la policía local de Ubrique podría encontrarse implicado en una trama dedicada a conceder pensiones por incapacidades temporales mediante procedimientos ilegales, pudiendo estar encargado de captar a personas interesadas en obtenerla mediante estos métodos.
Tras las primeras investigaciones constataron que esta persona contaba con la connivencia de un inspector médico (Francisco Casto), que se apoyaba en médicos de atención primaria y especialistas, para expedir bajas e informes médicos falsos. Dichos documentos se incorporaban para iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente, encargándose de supervisar estos documentos mediante cobro de dinero. Los interesados abonaban cantidades que oscilaba entre los 9.000 y los 24.000 euros, con el fin de beneficiarse de estas pensiones fraudulentas.
Pero si este caso ha adquirido relevancia pública es porque entre los presuntos implicados se encuentra María José Campanario, mujer del diestro Jesulín de Ubrique, acusada de tratar de conseguir una pensión para su madre, para la que según la físcalía habría abonado 18.000 euros al organizador de la red. La esposa del diestro Jesulín de Ubrique tuvo que abonar 12.000 euros de finanza para evitar la prisión preventiva.
El presunto organizador de la trama , Carlos Carretero en múltiples ocasiones ha negado su participación en la trama pero finalmente él al igual que la mitad de los 30 implicados finalmente ha acabado reconociendo los hechos y aceptando su culpabilidad tras el acuerdo al que han llegado con la fiscalía que para ellos pedirá penas que le permitirán eludir la prisión.
Entre esos acusados que han pactado no se encuentra Maria José Campanario que en reiteradas ocasiones ha defendido su inocencia. Su defensa pretende demostrar la ilegalidad de las conversaciones pinchadas que llevaron a desarticular la red , una prueba que sería innecesaria con el testimonio de todos aquellos que tras el pacto con la fiscalía van a reconocer su participación. Si no consigue demostrar su inocencia Maria José Campanario se enfrentaría a una pena de cuatro años y seis meses de prisión.
El juicio dará comienzo en la tarde del 11 de abril, estando previsto que las sesiones sigan hasta el 15 de abril. Posteriormente, se reanudará el 11 de mayo, continuando los días 12, 13, 17, 18, 20 y 31 de este mes y los días 1, 2 ,3, 7, 8, 9 y 10 de junio.
