Cae la red infiltrada en administraciones para amañar contratos, con 32 detenidos

Cae la red infiltrada en administraciones para amañar contratos, con 32 detenidos

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han dejado en libertad a cuatro de los 32 detenidos de distintas administraciones y de varios partidos políticos dentro de la operación Enredadera, que formaban una supuesta trama para obtener contratos públicos de forma fraudulenta.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado que seguirán tomando declaración a algunos detenidos y que a otros, en un número que no han precisado, los pondrán a disposición de la juez Mercedes Alaya, a partir del próximo jueves.

Alaya ha dirigido esta operación, que es la tercera fase de otra bautizada como Madeja, también dirigida por la juez y que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A y que condujo a Fitonovo.

Entre los detenidos en Andalucía hay dos jefes de área de la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, y un exdirigente de IU que asesoró a Antonio Rodrigo Torrijos, primer teniente de alcalde de Sevilla y al que según un directivo de Fitonovo le entregó 85.000 euros (70.000 de ellos en una caja de zapatos) antes de las elecciones municipales de 2011.

También ha sido detenido hoy el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP), concejal además de Participación Ciudadana, Deportes, Festejos, Turismo, Limpieza y Relaciones Institucionales.

RELACIONADO CON EL CONCURSO DE COMPRA DE TERRENOS DE MERCASEVILLA

De hecho, esta operación representa la tercera fase de otra bautizada como Madeja, también dirigida por Alaya y que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A y que condujo a Fitonovo.

Según los investigadores, la estructura de esta empresa se habilitó para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban contrataciones públicas, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

De los 32 detenidos, 23 lo han sido en Andalucía: 11 en Sevilla, 4 en Córdoba, 3 en Jaén, 3 en Huelva, uno en Granada y otro en Cádiz.

Fuera de Andalucía, se han practicado dos detenciones en Zaragoza por su presunta implicación en la adjudicación de contratos de Adif irregulares, mientras que en Canarias la Guardia Civil ha arrestado a tres personas, entre ellos al portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, y a un representante de la empresa Fitonovo en Gran Canaria. Ambos han quedado en libertad con posterioridad.

Además, los agentes han arrestado a otras dos personas en Madrid, una en Badajoz y otra en Valencia.

La Dirección General de la Guardia Civil ha informado del desarrollo de la operación Enredadera en la que los detenidos e imputados están acusados de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Las indagaciones que lleva a cabo al respecto el instituto armado están bajo secreto de sumario, decretado por la juez Mercedes Alaya en julio de 2013 y prorrogado en quince ocasiones, la última el pasado 10 de octubre

ALAYA CITA A LOS ACUSADOS EN LA OPERACIÓN MADEJA PARA AMPLIAR LA IMPUTACIÓN

De forma paralela al desarrollo de la operación, la juez ha citado en su despacho a siete imputados por las operaciones previas para comunicarles la ampliación de la acusación, entre ellos los directivos de Fitonovo Rafael González Palomo y su hijo José Antonio González Barón, que estuvo preso tres meses.

Fitonovo, según la Guardia Civil, había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de forma que había habilitado la estructura de la propia empresa para formar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación.

La Fiscalía ha pedido dos millones de fianza civil para González Palomo y un millón para su hijo, 500.000 euros para el administrador de Fiverde, otra empresa del grupo, Ángel Manuel Macedo, y 200.000 para el exdirector de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y exconcejal del PP Joaquín Peña.

Esta tarde también ha citado a Francisco Amores, ex jefe de servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla; Luis Huertas, responsable de mantenimiento del parque María Luisa de Sevilla, y a Juan Andrés Brugera, comercial de Fitonovo.