Báñez contacta con Toxo, Méndez y Rosell para negociar la ley de mínimos

  • El Gobierno insiste en que regulará los servicios mínimos para preservar los servicios esenciales
  • CC.OO. y UGT coinciden en que este tema no debe negociarse "en caliente"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este viernes que la intención de la Ley de servicios mínimos que ha planteado el Gobierno es "definir un marco jurídico que asegure el anverso de ese derecho, que es el que tienen los ciudadanos a recibir servicios públicos esenciales".

Así lo ha indicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha hecho hincapié en que dicha legislación se elaborará en colaboración con la patronal y los sindicatos.

Sáenz de Santamaría ha recordado que la Constitución española "es clara" en lo que se refiere a este derecho laboral, "sobre sus circunstancias y límites", pero ha añadido que también es necesario delimitar el derecho de los ciudadanos a recibir servicios públicos esenciales.

A continuación, ha recordado que el Ejecutivo está estudiando desde la perspectiva del Ministerio de Empleo el modo de articular esta legislación, "en diálogo con los agentes sociales y empresariales". "Se está empezando a trabajar", ha dicho.

PRIMEROS CONTACTOS

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha telefoneado a los máximos dirigentes de CC.OO., UGT y CEOE, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Juan Rosell, respectivamente, para trasladarles la intención del Gobierno de negociar una ley de servicios mínimos, según han confirmado en fuentes de los agentes sociales.

Báñez se puso en contacto con los líderes sindicales y empresariales ayer, el mismo día en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaraba en RNE que había encargado al Ministerio de Empleo que trabajara en una ley de servicios mínimos para conciliar el derecho de huelga con el derecho a la libertad de los ciudadanos.

Fuentes del Departamento dirigido por Fátima Báñez han asegurado a Europa Press que éste "no es un tema nuevo", que haya surgido al hilo de la huelga de limpieza de Madrid, sino que lleva ya tiempo presente en la mesa de diálogo social. Además, las mismas fuentes han expresado su voluntad de que esta ley de servicios mínimos salga adelante con "el máximo diálogo y consenso".

NO DEBE NEGOCIARSE "EN CALIENTE"

Tras el anuncio de Rajoy, se sucedieron las reacciones sindicales y políticas. CC.OO. y UGT coinciden en que este tema no debe negociarse "en caliente" y consideran que ahora mismo, no es un asunto prioritario.

UGT ha advertido de que la imposición de este tipo de normas sería "claramente antidemocrático e ineficaz socialmente" y ha tildado de "desacierto" plantear reformas legislativas "en caliente", en respuesta a sucesos recientes, tratando de que una nueva ley solucione los problemas sociales provocados por "la mala gestión de los poderes públicos".

El sindicato ha remarcado que para conciliar los distintos intereses entre los diferentes afectados, en caso de huelga que afecte a los servicios públicos esenciales, lo mejor es la autorregulación, para lo que ha puesto como ejemplo la experiencia con un sector "tan importante" como el de los transportes.

TOXO: "ESTO ES UN CALENTON".

Por su parte, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado no ser partidario de tal regulación y cree que se trata de un "calentón" tras la huelga protagonizada por los trabajadores de la limpieza y jardinería de Madrid.

"Legislar a golpe de calentones y jaleado por los sectores más ultras de su partido no es la mejor manera de buscar un acuerdo sobre la regulación de los servicios mínimos", ha advertido Toxo al presidente del Gobierno.

Así pues, CC.OO. cree "muy inoportuna" la iniciativa del presidente del Gobierno y no parece que obedezca a la voluntad del Ejecutivo de encontrar bases de acuerdo con los sindicatos.

"Más bien, hay que inscribir la iniciativa de Rajoy en su obsesión por controlar y limitar derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, en un claro ejercicio antidemocrático de la acción de Gobierno", recalcan.

El secretario general de CC.OO., recuerda que el movimiento sindical se ha mostrado dispuesto en numerosas ocasiones a discutir "en frío" todo lo relacionado con los servicios mínimos, o lo que es lo mismo, la necesidad de atender los servicios básicos de la ciudadanía ante la convocatoria de una huelga general.

"Lo que no vamos a aceptar son golpes de pecho y proyectos autoritarios más preocupados por eliminar o entorpecer un derecho constitucional como el derecho de huelga, que por pactar la conciliación de intereses ante un conflicto laboral", ha señalado Toxo.

CEOE, A FAVOR DE MEJORAR LA REGULACION

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, se mostró hace unos días a favor de mejorar la regulación de los servicios mínimos, después de que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, estimara necesario abordar la redacción de una ley de huelga.

Rosell, que hizo estas declaraciones antes del anuncio de Rajoy, señaló que "la vía más pragmática, más lógica y objetiva para solucionar los problemas" es regular "de una manera muy concreta" los servicios mínimos, que si bien ya tienen su normativa "podemos mejorarlos".