El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado hoy una resolución en la que "condena el posicionamiento del rey Felipe VI" en relación con el "conflicto catalán" y la actuación de los cuerpos de seguridad el 1 de octubre de 2017 y apuesta por la "abolición" de la monarquía.
El pleno ha dado el visto bueno a una declaración institucional presentada por la CUP, que ha contado con la firma del equipo de gobierno de Barcelona en Comú, del PDeCAT y de ERC, así como de los dos concejales no adscritos, Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé.
Los concejales de Cs han abandonado el pleno durante este trámite y, al igual que los del PP y del PSC, no han suscrito esta declaración.
El respaldo del grupo municipal de Ada Colau ha sido decisivo para que prosperara la propuesta.
En el citado texto se acuerda "reprobar los actos represivos en contra de la ciudadanía y condenar las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, la amenaza de la ilegalización de partidos políticos catalanes, la judicialización de la política y la violencia ejercida contra los derechos fundamentales".
"Rechazar y condenar el posicionamiento del rey Felipe VI -prosigue el texto-, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017".
El texto concluye con la reafirmación del "compromiso con los valores republicanos y apostar por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".
Tal y como ocurre con estas declaraciones, no ha habido intervenciones en el pleno a favor de estas iniciativas, sino que se ha dado lectura a las mismas.
EL GOBIERNO LLEVA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA REPROBACIÓN DEL REY POR EL PARLAMENTO DE CATALUÑA A PESAR DE NO CONTAR CON EL APOYO DEL CONSEJO DE ESTADO
La moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, se produce el mismo día en que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado hoy que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña en la que se reprueba al rey pese a que el Consejo de Estado ha considerado que este recurso no es el cauce "idóneo".
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se ha celebrado en Sevilla, Celaá ha explicado que el Gobierno lo hace por "sentido de Estado", ya que entiende que la resolución del Parlament es "inconstitucional".
El Gobierno sostiene que la resolución es inconstitucional porque "supone un nuevo intento del Parlament de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República". Considera además que su "intento de abolición de la monarquía" y su "ataque injustificado al rey" es inadmisible y representa una "extralimitación de sus funciones".
El Consejo de Estado, sin embargo, entiende que la resolución del Parlament es "netamente política, no jurídica" y señala que ese tipo de mociones parlamentarias "no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos".
El órgano consultivo ha concluido que dichas resoluciones del Parlamento de Cataluña "no constituyen objeto idóneo para su impugnación por la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución", pero tal y como recuerda el Gobierno este dictamen es preceptivo pero no vinculante.
