El etarra Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', que en octubre pasado defendió que se vivían "tiempos en los que esto se tiene que solucionar", se ha negado a declarar en el juicio por el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) alegando que la Audiencia Nacional no tiene "legitimidad" para juzgar a los miembros de la banda ni a lo que ha denominado "la lucha en el País Vasco".
El terrorista se enfrenta junto a Oscar Celarain Ortiz, 'Peio', que también ha negado la "licitud" del tribunal, a 1.180 años de cárcel por colocar un coche-bomba el 4 de agosto de 2002 que costó la vida a un hombre que esperaba el autobús y una niña de seis años, hija de un agente de la Guardia Civil. El juicio fue señalado para el pasado 15 de diciembre pero una avería en el furgón policial que tenía que trasladar a Celarain desde la prisión de Alcalá-Meco obligó al tribunal a acordar su aplazamiento.
Otegi Eraso, que fue el primer etarra juzgado tras el comunicado en el que ETA declaró el "cese definitivo de sus actividades armadas", aseguró el 27 de octubre de 2011 que la Audiencia Nacional estaba "protegiendo la presión ejecutada en el País Vasco" y que eran "tiempos en que esto se tiene que solucionar".
Un año antes, en septiembre de 2010, había pedido "facilidades" para que se "terminara con la negación y el sufrimiento de todos estos años para superar el conflicto politico". Su actitud cambió, no obstante, en noviembre pasado cuando se negó a hacer nuevas valoraciones sobre la situación política en el País Vasco en un juicio en el que compartió banquillo con el exjefe militar de ETA Javier García Gaztelu, 'Txapote'.
"PARA LO CONCURRIDO DEL LUGAR, POCO PASO"
En la primera jornada del juicio, que se celebrará hasta el próximo miércoles, el mando de la Comandancia de Alicante de la Guardia Civil que instruyó el atestado abierto a raíz de la explosión ha declarado que la hora escogida por los terroristas, las 20.15 de la tarde, era "propicia para causar mucho daño en el cuartel y en la parada del autobús", al tratarse de "un lugar de paso" y "siendo agosto, verano y un lugar de costa". "Para lo concurrido del lugar, poco pasó", ha añadido otro agente, que realizó la inspección ocular.
Según han explicado los miembros del instituto armado, el Ford Escort cargado con 100 kilos de explosivo fue colocado para que la deflagración, que provocó un cráter de entre tres y cuatro metros de diámetro y dos palmos de profundidad, afectara de lleno a las 20 viviendas que había en el edificio.
Además, varios trabajadores y clientes del camping 'Bahía' de Santa Pola, en el que los etarras se hospedaron antes del atentado, así como el dueño del establecimiento que les alquiló el ciclomotor que utilizaban para sus desplazamientos han ratificado las declaraciones en las que les identificaron "sin género de dudas". "Hablaban de una forma extraña. Lo que estuvieron comentando no era castellano pero tampoco dije que fuera alemán", ha dicho el propietario de la tienda.
El fiscal Miguel Angel Carballo sostiene en su escrito provisional de acusación que los dos etarras se alojaron entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2002 en las instalaciones, situadas apenas a 400 metros del lugar del atentado. Tras su detención en Francia, se les ocupó una cinta de vídeo en la que aparecían imágenes y fotografías de las viviendas atacadas, así como la documentación falsa que habían utilizado.
También ha declarado el presunto etarra Juan Carlos Besance Zugasti, quien ha asegurado que inculpó a los dos acusados en el atentado después de que la Guardia Civil lo torturara y le obligase a "estudiar" el contenido de su declaración. "*Cómo fue capaz de estudiarse todo esto?", le ha preguntado Carballo, quien poco después ha ironizado sobre su "memoria prodigiosa". "Te lo estudias y te lo estudias, no hay otra manera", ha contestado el testigo.
"¡ATRAS, ATRAS, EXPULSENLOS!"
Al inicio de la sesión el presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, ha expulsado de la sala de vistas, visiblemente enfadado, a los fotógrafos y cámaras de televisión que tomaban imágenes de los dos acusados. "`No entiendo esta distorsión, atrás, atrás, expúlsenlos!", ha ordenado a los agentes que se encontraban en el plenario.
En la calle la portavoz de Voces contra el Terrorismo (VcT), Mamen Alvarez, ha solicitado que "se haga justicia", que se cumplan "íntegramente las penas" que se impongan a los acusados "del primer al último día" y que "ni el Gobierno ni nadie les conceda beneficios penitenciarios".
El fiscal solicita que los dos etarras sean condenados a 1.180 años de prisión, 60 años de cárcel por cada de uno de los dos asesinatos terroristas, 1.100 por otros 55 en grado de tentativa --en razón del número de heridos que provocó la explosión-- y otros 20 por un delito de estragos terroristas.
El coche-bomba, que explotó sin previo aviso, causó la muerte de Cecilio Gallego Alaminos, que se encontraba en una parada de autobús próxima, y de la menor Silvia Martínez Santiago, que vivía, junto a su familia, en las dependencias de la Benemérita. También resultaron heridas 56 personas y los daños materiales se cuantificaron en seis millones de euros.
Otegi y Celarain fueron condenados en 2006 en Francia a ocho años de cárcel por los delitos de asociación de malhechores, tenencia de armas y explosivos y uso de documentación falsa. En mayo pasado, la Audiencia Nacional les impuso 18 años y 3 meses de cárcel por atentar en junio de 2002 en Marbella (Málaga) y en noviembre pasado les condenó a otros 50 años por el asesinato del edil de UPN en Leitza (Navarra) José Javier Múgica.
