La Audiencia Nacional ha condenado al exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa a 4 años de prisión por la financiación ilegal del PP de esa Comunidad en las campañas electorales de 2007 y 2008, a través de contratos falsos con la trama Gürtel. Asimismo este tribunal ha condenado a 5 años y tres meses de prisión para el presunto líder de la Gürtel, Francisco Correa, y a 6 años y 9 meses para el responsable de la red en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, por su participación en la financiación irregular del PP valenciano.
El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto penas que van desde los cuatro meses a los seis años y nueve meses de cárcel a 18 de los 20 acusados en el juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel , al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.
En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel , se condena a los acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la Hacienda Pública.
La pena impuesta al líder de la trama, Francisco Correa, es de cinco años y tres meses de prisión; a su mano derecha, Pablo Crespo, de cinco años, y a Álvaro Pérez `El Bigotes', de seis años y nueve meses. A todos ellos, en determinados delitos, se les aplica la atenuante de confesión o colaboración activa, y a Correa, además, la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza.
También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de cinco años y un mes de cárcel, y tres años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.
Entre la excúpula del PPCV en la época de los hechos, la Audiencia Nacional condena al exsecretario general Ricardo Costa a cuatro años de cárcel al aplicar el juez las atenuantes de colaboración activa o confesión.
La exgerente Cristina Ibáñez ha sido condenada a tres años y cuatro meses; el exvicesecretario de la formación David Serra, a tres años y ocho meses, y la extesorera Yolanda García, a cuatro meses.
Por contra, el Juzgado Central de lo Penal absuelve al exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla.
LOS EMPRESARIOS QUE CONFESARON, EVITAN LA CARCEL
La Audiencia Nacional ha sustituido las condenas de prisión por multas para los nueve empresarios juzgados en el caso Gürtel, incluido Vicente Cotino, que confesaron haber financiado de forma irregular las campañas electorales del PP valenciano de los años 2007 y 2008.
La sentencia impone a los empresarios penas que llegan hasta el año y nueve meses de cárcel, pero en todos los casos los sustituye por multas que se elevan hasta los 154.500 euros.
Uno de los empresarios procesados, José Enrique Fresquet, ha sido absuelto al haberse retirado la acusación.
El magistrado les aplica a todos ellos la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos.
Las cantidades ingresadas por estos condenados ascienden en total a 1.057.101 euros.
Uno de los afectados es Vicente Cotino, sobrino del ex director general de la Policía, exvicepresidente valenciano y expresidente de les Corts, Juan Cotino, condenado a quince meses de prisión por un delito electoral y otro de falsedad documental, penas sustituidas por multas de 109.500 euros. Vicente Cotino está implicado también en el caso Erial, que recientemente llevó a su detención (y posterior puesta en libertad) por supuestos delitos de corrupción en la época en la que Eduardo Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana.
A la misma pena y misma multa que a Cotino, se condena a Enrique Ortiz (imputado en el caso Brugal) y José Francisco Beviá, ambos del Grupo Ortiz e Hijos.
En el caso de Antonio y Alejandro Pons (de Piaf SL); Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de Castellón) y Gabriel Alberto Batalla (de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL) los condena a 21 meses de prisión por tres delitos electorales y uno de falsedad documental. En su caso, la multa asciende a 154.500 euros.
Rafael y Tomas Martínez Berna, (del Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestrucutras SA) tendrán que pagar 132.000 euros como multa sustitutoria de la condena a 18 meses de cárcel por dos delitos electorales y uno de falsedad documental.
EL PP VALENCIANO SE FINANCIÓ IRREGULARMENTE
El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia considera acreditada la existencia de un sistema de financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 del PP valenciano, cuando lo presidía Francisco Camps.
En la sentencia del juicio a la rama valenciana de Gürtel, el juez expone que el PP de Valencia financió parte de las citadas campañas, organizadas por la trama Gürtel, con dinero en "B" y facturas falsas pagadas por empresarios, quienes confesaron en la vista oral que pagaron algo más de 1,2 millones para financiar a la formación regional.
Dice el juez que para organizar las campañas de 2007 y 2008, el PP valenciano contrató a la mercantil del Grupo Correa llamada Orange Market y que para desarrollar sendas campañas los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida del gasto electoral prevista por la ley y recurrieron a empresarios.
