El Pleno del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Unidos Podemos, PNV, ERC y Convergència, ha aprobado este jueves la reforma limitada de la Ley Electoral para acortar trámites, plazos y gastos en casos de disolución automática de las Cortes por falta de investidura, una iniciativa planteada hace unas semanas por el Grupo Popular para evitar que, si el 31 de octubre no hay Gobierno, las nuevas elecciones no coincidiesen con el Día de Navidad. Esta reforma urgente se limita a regular los procesos de convocatoria de elecciones en caso de falta de investidura, mecanismo previsto en el artículo 99 de la Constitución, y por ello PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado otros cambios de calado que pretendían Unidos Podemos y ERC, entre ellas rebajar la edad de voto a los 16 años.
El PP, el PSOE y Ciudadanos entienden que ahora no es pertinente hacer reformas en profundidad en la Ley Electoral, una tarea para la que exigen más tiempo, y en esta reforma exprés sólo han añadido un recorte del 30% de las subvenciones por escaño y voto que reciben los partidos, así como una reducción a la mitad del tope de gasto en las campañas para estos procesos electorales reducidos.
TODO PARA EVITAR VOTAR EN NAVIDAD
La fecha del 25 de diciembre vino determinada por la decisión de convocar el debate de investidura de Mariano Rajoy los pasados 30 y 31 de agosto, ya que es la Constitución la que establece que, pasados dos meses desde la primera votación fallida y si nadie logra superar la investidura, las Cortes quedaran disueltas para celebrar nuevas elecciones. Lo que se plantea es añadir una disposición adicional a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para regular estas elecciones especiales, pero los cambios no se aplicarán al procedimiento ordinario.
El primer cambio es reducir de 54 a 47 días el periodo desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de los comicios, y el grueso del recorte se aplica en la fase de la campaña electoral, que pasa de quince a ocho días de duración.m Y como la campaña es más corta, el coste del proceso electoral será menor. En este sentido, PP, PSOE y Ciudadanos han pactado recortar en un 30 por ciento las subvenciones que el Estado abona a los partidos con representación parlamentaria, que el pasado junio fueron de 21.167,64 euros por escaño en las Cortes, 81 céntimos por voto al Congreso y 32 céntimos por voto al Senado.
Igualmente, los tres partidos han fijado una rebaja del 50% en el tope de gasto que se aplica a los partidos que concurren a las elecciones, que en los últimos comicios fue de 37 céntimos por elector, lo que daba un total de 13,5 millones de euros para aquellos partidos que se presentaban en todas las circunscripciones. Con la rebaja, el PP o el PSOE no podrían gastar más de 6,8 millones.
En otra enmienda, los tres partidos llaman a impulsar un acuerdo para "reducir al máximo" los gastos electorales derivados de la publicidad exterior de carácter comercial, fundamentalmente las vallas publicitarias, y es que el PP ya habían indicado que prefería que el recorte se centrara ahí y no en la contratación de publicidad en medios de comunicación.
PNV Y ERC PIDEN EXIGIR A LAS PRIVADAS LA PLURALIDAD DE RTVE
Esta reducción de gastos ha sido cuestionada por Aitor Esteban (PNV) y por Joan Tardà (ERC), que sostienen que los grandes partidos pueden soportar el recorte porque siempre van a tener presencia en las televisiones privadas, mientras que ellos se consideran perjudicados y abogan por aplicar a esas cadenas privadas las mismas obligaciones de pluralidad que a RTVE. "Esa pluralidad que quieren aplicar en medios privados, deberían aplicarla en los medios públicos que controlan y que están hechos a su medida", ha replicado Nacho Prendes, de Ciudadanos.
El PP, el PSOE y el PNV, por su parte, han rechazado las propuestas de Ciudadanos, Unidos Podemos y ERC para, en vez de subvencionar el envío de propaganda electoral a los domicilios, obligar a la Administración a realizar un 'mailing' conjunto con todas las papeletas de las candidaturas que se presentan en cada circunscripción, una idea que intentaron con vistas a los comicios de junio y que los mayoritarios desecharon.
Esta reforma electoral limitada, defendida por el 'popular' Juan Carlos Vera, implica también que, para agilizar los trámites, se prorrogan las mismas juntas electorales provinciales y de zona de los comicios anteriores, se permite a los partidos ratificar sus representantes legales y administradores y se da opción a dar por renovadas las mismas coaliciones que se inscribieron la vez anterior y a aprovechar las candidaturas de la convocatoria precedente. Incluso los partidos extraparlamentarios ya no tendrán que volver a recoger avales porque les sirven los que presentaron la última vez.
EL FIN DEL VOTO ROGADO TENDRA QUE ESPERAR
Igualmente, los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no tendrán que volver a formalizar el llamado voto rogado pues se les permite aprovechar la solicitud que presentaron la vez anterior. Las peticiones de Convergència y Unidos Podemos para permitir el voto electrónico a los residentes en el extranjero han sido rechazadas a la espera de que se lleve a cabo una reforma integral de la LOREG.
Por otro lado, la proposición de ley establece que los contratos que deba firmar el Ministerio del Interior para llevar a cabo el proceso electoral seguirán el procedimiento excepcional reservado para casos "de emergencia", dada la premura con que deben organizarse los comicios. Una vez aprobada en el Congreso, donde se ha debatido en menos de 48 horas, la reforma se ha enviado al Senado para completar la tramitación parlamentaria y que se pueda publicar en el BOE antes del 28 de octubre con el fin de que esté en vigor en caso de que el día 1 se produjera la disolución automática de las Cortes por falta de investidura.
LEY ESTABILIDAD
Paralelamente, el Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma parcial de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la que se habilita a un Gobierno en funciones para modificar los objetivos de déficit y de deuda pública como consecuencia de una decisión de la Unión Europea. La Ley aprobada este jueves en el Congreso ha sido apoyada por PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y CC, mientras que Unidos Podemos, Esquerra, la antigua Convergència y EH Bildu han rechazado la iniciativa. Los cuatro diputados de Compromís han sido los únicos que han optado por abstenerse, a pesar de no aprobarse ninguna de sus enmiendas.
Asimismo, en la Ley Orgánica aprobada por el Congreso no solo incluye esta reforma, sino que también recoge modificaciones en la Ley que regula el aumento de los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades, en los que se blinda las exenciones fiscales existentes en Canarias, Ceuta y Melilla, y también sendas autorizaciones a las empresas públicas Adif y Sepes para el cumplimiento de compromisos adquiridos con la empresa Bilbao Ría 2000, que habían sido solicitados por el PNV.
SALVAN LAS EXENCIONES FISCALES EN CANARIAS, CEUTA Y MELILLA
La enmienda aprobada referida al Impuesto de Sociedades había sido presentada por PP, PSOE, Ciudadanos y Coalición Canarias y estaba dirigida a salvaguardar los excepcionales tipos tributarios existentes en Canarias, Ceuta pues estos no estaban contemplados en la reforma de este pago fraccionado impulsada por el Gobierno vía decreto-ley. Precisamente, este decreto será convalidado en un Pleno extraordinario convocado expresamente para ello este mismo jueves.
La enmienda, que contempla las bonificaciones de la reserva para inversiones en Canarias (hasta un 90% del resultado contable sobre la base imponible), las de las empresas registras en la Zona Especial Canaria (ZEC), la bonificación de la producción de bienes corporales (hasta un 50%) y las de empresas radicadas en Ceuta y Melilla (también del 50%), ha sido aprobada con el voto favorable de todos los grupos a excepción de los de Podemos, ERC y Bildu, que han decidido abstenerse.
COMPROMISOS CON BILBAO RIA 2000
Por otra parte, el PNV también ha visto aprobada su iniciativa para lograr la autorización para que tanto Adif como Sepes autoricen la formalización de las 'comfort letters' --una clase de garantía escrita-- para avalar a la empresa pública Bilbao Ría 2000, y el cumplimiento de los compromisos suscritos por estas entidades con la empresa vasca, consistentes, según confirmaron a Europa Press fuentes del PNV, en la cesión de varios terrenos de titularidad pública.
La petición finalmente ha sido aprobada a través de una enmienda transaccional registrada por PP, PSOE, Ciudadanos y PNV, que han apoyado la iniciativa. Podemos, ERC y PDC han decidido abstenerse.
