Apoyo sindical a la presión antidesahucios de Colau

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los sindicatos CCOO y UGT se han mostrado hoy "escandalizados" con la propuesta del PP al resto de grupo políticos sobre los desahucios y la han considerado una "ofensa" hacia los ciudadanos, que conllevará "el caos social, económico y judicial".

Estas afirmaciones las han hecho en rueda de prensa las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular de dación en pago y paralización de los desahucios, en la que han participado la portavoz de la PAH, Ada Colau, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente. Colau ha defendido los escraches y ha anunciado que la PAH seguirá "presionando" al PP.

El objetivo ha nalizar la propuesta que el PP hizo el pasado viernes a los grupos de "medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios" que será debatida hoy en la ponencia en la Comisión de Economía del Congreso.

Colau ha dicho que la PAH está "francamente escandalizada" porque la propuesta de los populares no incluye ninguno de los "puntos mínimos" que reclama la ILP como la dación en pago, la moratoria para frenar "la sangría" de los desalojos, ni tampoco el alquiler social a las familias desahuciadas.

"PROPUESTA DE CAOS SOCIAL"

"Es la propuesta del caos social, económico y judicial", ha sostenido Colau, quien ha agregado que el PP no entra "en el fondo del problema" y son medidas de "maquillaje".

Caos social porque "da la espalda" y supone una "ofensa" a los cientos de miles de afectados que no pueden saldar su deuda, ya que el PP plantea un sistema de reducción de deudas si el desahuciado paga el 65 por ciento del dinero pendiente antes del quinto año.

Supondrá también, según Colau, un caos "económico" porque no da una "segunda oportunidad" de "volver a empezar" a los afectados, quienes terminarán formando parte de la economía sumergida y tampoco tendrán dinero para consumir.

Y el caos judicial se producirá porque las familias afectadas recurrirán a los juzgados su caso ahora que cuentan con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia la UE, contraria a la normativa hipotecaria española.

"Significará el colapso de los juzgados", ha augurado Colau, quien ha instado al PP a que si cree en la democracia escuche a los ciudadanos y deje de hacer caso a las entidades financieras.

SEGUIRÁ LA PRESIÓN AL PP

Por ello, ha subrayado que la PAH seguirá "presionando" al PP para que acepte, al menos, los mínimos de la ILP y ha recordado que hoy en más de 40 ciudades españolas están previstas concentraciones en las sedes de este partido.

Colau ha defendido los escraches por ser pacíficos y ha reiterado que son para interpelar y dialogar con los políticos del PP, partido, ha dicho, que se opone "totalmente" a la ILP, mientras que el PSOE, aunque "tarde", ha rectificado.

Ha opinado que la estrategia de "crispación" que, desde su punto de vista llevan a cabo los 'populares' sobre este asunto, es "lamentable" y solo pretende desviar la atención del debate sobre la reforma hipotecaria.

Tanto Toxo como Méndez han apoyado lo dicho por Colau y han mantenido que la propuesta del PP demuestra que este partido se ha situado "al servicio de las clases más poderosas" del país.

En concreto, el secretario general de CCOO ha indicado que representa la forma de gobernar que impone el partido de Mariano Rajoy "al margen de los intereses y del sentimiento de la mayoría de la sociedad".

Méndez, por su parte, ha defendido la ILP porque "da una solución humana y racional" al problema de los desahucios y ha asegurado que si el PP la apoya mejoraría la imagen internacional de España, al tiempo que ha instado a que las viviendas vacías de las entidades financieras nacionalizadas sean una "alternativa" a la problemática de los desahucios.

LA FISCALIA PIDE INFORMACION SOBRE LAS PRESIONES A PARLAMENTARIOS

La Fiscalía General del Estado va a analizar el fenómeno de los escraches a parlamentarios que se están sucediendo para estudiar si tienen relevancia penal y, en su caso, dar respuesta a estas protestas que se registran ante los domicilios de los políticos.

Para ello, la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado ha remitido el 4 de abril un escrito a los 17 fiscales superiores en el que les solicita que le remitan "informaciones sobre el acoso a representantes parlamentarios en el ámbito de su comunidad autónoma".

"En la actualidad -dice el texto- se están produciendo situaciones de acoso al entorno personal de diferentes representantes parlamentarios y otros cargos institucionales, promovidos por afectados por procedimientos hipotecarios y otros colectivos similares".

Añade que la Fiscalía General del Estado "va a realizar el correspondiente análisis sobre la relevancia jurídico penal de cada una de estas situaciones, así como el estudio de la respuesta que, en cumplimiento de las funciones que tiene legalmente encomendadas, le corresponde adoptar al Ministerio Fiscal en relación con tales hechos".

"A los expresados efectos y sin perjuicio de las actuaciones" que el fiscal superior "estime procedentes realizar en cada supuesto concreto", la secretaría técnica de la Fiscalía General solicita de los responsables fiscales de las comunidades que le remitan información "de todos los acontecimientos de dicha índole que se produzcan en el territorio de su Fiscalía".

RUIZ-GALLARDÓN: ESM GRAVE, SE TRATA DE CONDICIONAR EL VOTO

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, considera que la acción de los escraches está contemplada en el Código Penal y por tanto estas conductas tienen que tener "una respuesta por parte del Ministerio Fiscal".

En declaraciones a la cadena Ser, Gallardón ha indicado que lo que está ocurriendo con los escraches es "grave", ya que con ello "se trata de condicionar el voto" de los responsables políticos. "¿Para qué nos sirve la democracia si después una minoría va contra el criterio de la mayoría?", se ha preguntado el ministro al cuestionarse también qué ocurriría si este mismo mecanismo "se aplicase para cualquier otra pretensión legislativa".