La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Juez Alaya que acelere las diligencias para investigar el dinero que los sindicatos UGT y CCOO recibieron de las aseguradoras y despachos de abogados por "supuestamente" asesorar en la tramitación de los ERE.
Pagos cuetionados por la Guardia Civil que en sus informes concluye que ambas organizaciones ingresaron algo más de 7 millones 600 mil euros de dinero público sin realizar trabajo alguno a cambio.
Los protagonistas, lo niegan. El secretario de Estudios de la Confederación Sindical de CC.OO., Rodolfo Benito, y el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, han negado este jueves que los sindicatos a los que pertenecen se hayan financiado "fraudulentamente" mediante comisiones ilegales cobradas por 'conseguir' expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía.
En declaraciones a los medios en el Congreso, tras comparecer ante la Comisión Constitucional en el marco de la tramitación de la ley de Transparencia, ambos dirigentes sindicales han sido preguntados por la información que publica el diario ABC en la que se asegura que los sindicatos ingresaron hasta 7,6 millones de euros por no realizar más trabajo que captar y facilitar el mayor número posible de pólizas de prejubilación a pagar por la Junta, tal y como recoge un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relativo al caso de los EREs irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya.
Benito ha afirmado "con claridad" que CC.OO. "no tiene ningún tipo de financiación ilegal a través de los ERE" y ha defendido que la política del servicio jurídico del sindicato es "absolutamente clara". "Tienen cobertura todos nuestros afiliados y, obviamente, los no afiliados tienen que pagar una tasa por los servicios prestados, sean jurídicos, actuariales (en el caso de prejubilaciones) o económicos (en el caso de estudio de planes)", ha precisado.
Por su parte, Monell también ha recordado que UGT ha dado explicaciones "en distintos momentos" sobre las informaciones que se han ido conociendo, y ha recordado que los sindicatos incluso se han "personado en el procedimiento como acusación particular". "A partir de ahí, lo que diga la Justicia finalmente lo acataremos y cumpliremos", ha apostillado.
Y lo que conocemos son los documentos aportados por la Guardia Civil en el sumario, publicados este viernes por el ABC. Facturas como ésta, por ejemplo, emitida por CCOO reclamando más de 100.000 euros al despacho de abogados Villasís, por por asesoramiento sindical en la industria naval de Cádiz. O multitud de transferencias bancarias de las mediadoras Vitalia y Uniter a federaciones sindicales.
La Fiscalía solicita por todo ello a la juez que exiga a las sociedades vinculadas a los sindicatos justificación documental y facturas del los trabajos realizados y el personal empleado.
