La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, ha advertido hoy de que "defender la dignidad de las víctimas" del terrorismo conlleva "renunciar expresamente" y por ley a una nueva negociación o diálogo con la banda ETA.
En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso que tramita la nueva ley integral de ayuda a las víctimas, la presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez ha dicho estar dispuesta a devolver "hasta el último céntimo" de las indemnizaciones percibidas por el asesinato de su marido, si las fuerzas políticas se comprometen por ley a no volver a negociar con ETA.
"Devolvería hoy hasta el último céntimo de las indemnizaciones y renunciaría a ellas, si se comprometieran ustedes con esta ley a no negociar con los terroristas, a impedir que participen en las instituciones, a defender el cumplimiento íntegro de las penas", ha proclamado.
Para Ana Iribar, después de 50 años de terrorismo, las víctimas exigen a los legisladores "algo más que lirismo" en las leyes y reclaman un compromiso claro de que se mantendrá sin tregua la lucha "policial, judicial, política e ideológica" contra ETA.
"Ésta es la mejor manera de dignificar la vida y la muerte de Gregorio Ordóñez", ha insistido la viuda del político del PP, que ha denunciado que cuando el Gobierno de España negociaba con la banda "no había memoria, dignidad, ni Justicia" para las víctimas.
Durante los dos últimos días, la Comisión de Interior de la Cámara Baja ha escuchado las aportaciones y sugerencias de una veintena de representantes de asociaciones, fundaciones y colectivos de víctimas del terrorismo sobre el texto de la nueva ley integral acordada por los grupos parlamentarios.
En la misma línea que Ana Iribar, Tomás Caballero, hijo del concejal de UPN, Tomás Caballero, asesinado en Pamplona en 1998, ha pedido al Congreso que revoque la resolución de mayo de 2005 que autorizaba al Gobierno a negociar con ETA en ausencia de violencia.
"Los terroristas tienen que saber que no les queda más remedio que rendirse sin contrapartida alguna", ha afirmado.
Sobre el contenido concreto del proyecto de ley, el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas Rincón, ha acogido con "sorpresa y decepción" la tabla de indemnizaciones recogidas en el texto.
A su juicio, la cuantía por fallecimiento debería elevarse de 250.000 a 300.000 euros, en consonancia con las indemnizaciones dictadas en sentencias recientes.
Una petición realizada también por la Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo que ha propuesto una equiparación de las pensiones que perciben los familiares de los funcionarios fallecidos en atentado, fuera cual fuera la categoría del empleado público.
Desde la Fundación Fernando Buesa, se ha propuesto la creación de un "Centro de la Memoria" en la línea de otros centros de recuerdo y homenaje, como el dedicado a las víctimas del Holocausto en Nuremberg.
Por su parte, el Foro Ermua ha propuesto una modificación legal para que las personas amenazadas que han tenido que abandonar el País Vasco puedan inscribirse en un "censo especial" que les permita ejercer el derecho al voto en sus lugares de origen.
Precisamente, Joseba Markaida, de la Asociación ZAITU pro amenazados, perseguidos y exiliados a causa de ETA, ha lamentado la situación de muchas de estas personas amenazadas, que han perdido recientemente la escolta sin que fueran informados previamente por las autoridades.
Por último, Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, hija de una víctima asesinada por el Frente Polisario, ha lamentado que hayan tenido que pasar 40 años para que el Estado reconozca estos atentados cometidos en el antiguo Sahara Occidental.
"El ostracismo y la equidistancia que hemos padecido ha sido una ignominia para este país y para mi familia. Nos han borrado del mapa", ha denunciado.
