La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha vuelto a decretar un año después el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica.
Así lo establece el auto dictado sobre las 20,30 horas por la magistrada, que atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el envío a prisión de Guerrero por considerar que existe "riesgo de fuga", de que pueda "destruir o alterar pruebas" y de que pueda entrar en contacto con otros imputados.
Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después abonar 50.000 euros de fianza.
UNA TREINTENA DE NUEVOS DETENIDOS
La nueva operación llevada a cabo por la Guardia Civil por el fraude de los ERE se centra en las empresas mediadoras y el número de detenidos e imputados en la jornada de hoy se eleva a una treintena de personas en cinco provincias españolas.
Estos datos han sido ofrecidos por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien ha informado de que se trata de una segunda fase de la investigación de los ERE fraudulentos de Andalucía, operación que se desarrolla desde las 08.00 de la mañana y que incluye doce registros en Sevilla, Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaén, Barcelona, Madrid y Las Palmas.
La Guardia Civil efectúa estos registros, según ha explicado en conferencia de prensa la delegada del Gobierno, que ha detallado que afectan a mediadoras que ofrecen servicios a empresas para conseguirles financiación en sus procesos de reestructuración."Es una operación muy especializada, que lleva a cabo la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil", ha explicado Crespo, que ha informado de que a lo largo de la jornada pueden ser detenidas e imputadas alrededor de treinta personas.
Crespo ha elogiado el trabajo que desde el año 2011 realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una "labor encomiable", así como la Unidad de Delitos Económicos.
Ha recordado que la primera fase se centró en las ayudas sociolaborales presuntamente fraudulentas y supuso la detención e imputación de 116 personas. "Esta segunda fase es más especializada y se dirige a empresas mediadoras que ofrecían servicios para conseguir financiación a las empresas en su reestructuración", ha indicado.
En principio, la operación se circunscribe a esta jornada aunque la delegada del Gobierno ha dicho que al seguir abierta "no se sabe cuándo va a finalizar".
