El fracaso en la reunión del Gobierno con las comunidades por la deuda autonómica ha suscitado hoy numerosas interpretaciones. El Gobierno no aceptó el aplazamiento de la deuda, y se limitó a anunciar crécitos del ICO para que las regions puedan hacer frente a la mitad de la deuda. La presidenta de la CAM ha calificado de patética la reunión y sus resultados.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abrió la rueda de prensa del Consejo de Gobierno refiriéndose a la cumbre autonómica, cuyos rersultados calificó de "patéticos". Aguirre denunció que "se están haciendo unos sistemas de financiación para favorecer a unas comunidades que interesan y perjudicar a las otras".
Esperanza Aguirre dijo que parecería "de risa" si no fuera "absolutamente patético" que el Gobierno repartiera ayer en el Consejero de Política Fiscal y Financiera, unos sobres "como si fuese aguinaldo", consignando la financiación que le correspondía a cada Comunidad.
La presidenta ha comentado con ironía que al final de la reunión el Gobierno repartió a los consejeros unos sobres con la asignación que correspondía a sus respectivas comunidades en concepto de financiación autonómica, después de haber estado sentados todos juntos durante horas en la misma mesa.
Ha ironizado también explicando el detalle de que al consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Percival Manglano, "como es nuevo", le confundieron y "le querían dar el sobre de Canarias", lo que ha considerado "patético".
Anécdotas aparte, la presidenta madrileña ha vuelto a denunciar que esta Comunidad "por desgracia lleva ocho años sufriendo a un Gobierno que no solo no ha puesto un euro para obra pública" en la región, sino que, además, ha dicho, ha impedido que las acometiera el Ejecutivo regional "en tiempos de bonanza" económica.
Entre esas obras, ha mencionado la construcción de la carretera de peaje R-1, el cierre de la M-50, la prolongación de la Radial 3 de peaje y ha denunciado que se hayan impedido estos trabajos "por el procedimiento de recurrir ante el Tribunal Constitucional" porque su dictámen paraliza "de inmediato cualquier tramitación".
Por ello, ha acusado al Gobierno de actuar con Madrid "como el perro del hortelano" y del presidente Rodríguez Zapatero ha dicho que desde que llegó a su puesto "no ha hecho más que tomar decisiones que perjudican" a la Comunidad.
Por ejemplo, ha indicado que el Estado le debe a Madrid 917 millones de euros al año en concepto de financiación sanitaria por el incremento poblacional y ha añadido que esa cantidad hay que multiplicarla por "los 4 o 5 años" que lleva sin cobrarla la Comunidad.
Ha denunciado que el cálculo "se hizo intencionadamente para perjudicar a Madrid" y que, mientras tanto, se han seguido prestando los servicios públicos que exige la ley.
La presidenta, que ha asegurado que el sistema de financiación "se ha creado para favorecer a las Comunidades que le interesa al Gobierno y perjudicar a otras", ha reclamado además 1.000 millones de euros en concepto de fondos de competitividad que ha dejado de percibir Madrid.
MAS DE 2000 MILLONES
Según el vicepresidente regional, Ignacio González, el sistema de financiación debe a Madrid casi 1.000 millones de euros para Sanidad; otros 1.000 millones del fondo de competitividad y 125 millones del impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que arroja un déficit general sobre el PIB de la Comunidad del 1,4% en 2011.
"Ya ellos nos generan un déficit superior al que nos exigen a nosotros" ha aseverado Aguirre, que ha calificado al Gobierno de Zapatero de "agónico", calificativo que le parece "más realista" que el de "crepuscular" que le impuso el líder del PP, Mariano Rajoy, aunque ha dicho que este último "también lo apoya", a pesar de ser "más poético" que el suyo.
En este sentido, anunció que su ejecutivo impugnará la decisión de la Vicepresidencia Económica "de no compensar a Madrid" por la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, "por los que teníamos previsto recaudar 124 millones, y que ya están presupuestados".
"Lo que no se puede es invitar a café y que paguemos los demás", ha señalado Aguirre.
También ha recordado que sucedió algo similar con la Ley de Dependencia, cuando el Ejecutivo central anunció que financiaría la mitad del coste de las prestaciones, y de los 53 euros que asistir a cada persona dependiente en la Comunidad, solo se reciben 6 euros.
La presidenta regional ha aclarado que la Comunidad no rechaza que el Gobierno central "exima del pago de impuestos" a las empresas, sino de que luego no compense a las comunidades por ese dinero que no recauda.
Denunció que Elena Salgado "me aseguró que se iba a producir una compensación", pues "no puede ser que el Gobierno exima del pago de impuestos que corresponde cobrar a las CCAA y luego no nos compensen".
CRITICAS TAMBIEN DESDE LA GENERALITAT
Por su parte, el consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha reprochado al Gobierno que dificulte excesivamente a las comunidades autónomas alcanzar los objetivos de déficit planteados. Sin embargo, estudiará la línea de crédito ICo ofrecida por la ministra Elena Salgado.
"El Estado lo está poniendo todo de forma que es extremadamente difícil para las comunidades autónomas alcanzar los objetivos que se les plantea. La tarea es difícil para todos, para la administración del Estado y para las autonomías, pero el reparto de cartas no es equitativo", ha sostenido este jueves en declaraciones a los medios.
Ha asegurado que existe una tarea colectiva importante, puesto que, a su juicio, el "Gobierno reparte las cartas y lo hace a su favor".
Ha manifestado que estudiará las condiciones del crédito por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que ofreció el Gobierno en su reunión de este miércoles para financiar la mitad de los retornos de los excesos de pagos en los ejercicios 2008 y 2009, aunque sólo para el año 2012.
"Esto se queda muy corto de lo que sería necesario", ha aseverado Mas-Colell, quien ha recordado que la reivindicación del Gobierno catalán era que el retorno de los adelantos excesivos por la recaudación de impuestos de estos años se hiciera en un periodo de diez años y no de cinco.
SALGADO VE POSITIVO EL ENCUENTRO
La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, ha indicado que la regla de gasto debe ser "homogénea" en todas las comunidades autónomas, pero eso no significa que deba ser idéntica.
En declaraciones a la cadena SER, Salgado apuntó que "no es malo" que haya distintas alternativas dependiendo de cada comunidad, ya que, según admitió, a unas benefician más unos criterios que otros.
En este sentido, señaló que el Gobierno es partidario de que cada comunidad utilice como parámetro para limitar el techo de gasto el crecimiento de años pasados del PIB de su región, lo que lógicamente será distinto en cada una de ellas, pero también se tendrán en cuenta las previsiones de crecimiento futuras que, en este caso, serían las establecidas por el Gobierno central para el conjunto de España.
Según Salgado, ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se abordaron éste y otros asuntos, hubo un "principio de acuerdo" sobre estos criterios.
"De lo que se trata es de unificar los criterios aunque la aplicación pueda producir resultados ligeramente distintos dependiendo de la historia de cada comunidad", añadió la ministra, tras defender que las previsiones del Gobierno central son "más robustas, han sido contrastadas con los organismos internacionales y son las que se envían a Bruselas".
La ministra, que calificó de "bueno" la renuión de ayer, sí que reconoció que no se obtuvieron los resultados que hubiera deseado el PP, puesto que sus peticiones no se aceptaron. "Es verdad que el PP había estado varios días tratando de hacer ruido alrededor de este Consejo, pero las propuestas del PP no salieron adelante", admitió Salgado, tras insistir en que, no obstante, todas las comunidades mostraron su compromiso "absoluto" con el cumplimiento de reducir el déficit.
NO EXISTE RIESGO DE COLAPSO EN NINGUNA COMUNIDAD
Dicho esto, la titular de Economía rechazó que exista riesgo de colapso en alguna comunidad, y aseguró que "el esfuerzo mayor" en la reducción del déficit lo está haciendo el Gobierno del Estado, que ha tenido que reducir las inversiones, bajar el salario de los funcionarios o congelar las pensiones. "Así que la asfixia a la que se refieren (las comunidades del PP) es que simplemente tienen que ajustar sus gastos a la situación económica actual", reiteró.
Además, recordó que las comunidades contarán el próximo año con 8.000 millones de euros más y tendrán que mantener en el 1,3% el déficit, mientras que el Estado contará con un presupuesto inferior al de este año y tendrá que seguir reduciendo su déficit. Por ello, dijo que sería "completamente injusto" atribuirle al Gobierno central cualquier posible recorte de gasto social en las comunidades.
"La mayoría de los sacrificios del año que viene van a tener que ser hechos por el Gobierno central porque el déficit de las comunidades autónomas va a ser el mismo el año que viene que éste y sin embargo el Gobierno va a tener que seguir reduciendo su déficit", insistió Salgado.
Por último, se refirió a la propuesta que realizó ayer su departamento para que el ICO ofrezca créditos a las comunidades por la mitad del importe que deben devolver el año que viene al Estado, y afirmó que se trata de una "oferta atractiva".
