Un juez admite a trámite una querella por las primeras adjudicaciones sanitarias

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación de médicos Afem contra varios cargos y excargos de la Consejería de Sanidad, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en las primeras adjudicaciones sanitarias.

La querella de Afem se refiere a posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 y la vinculación de excargos públicos como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes a empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias.

Se trataría de la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Alvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.

LA COMUNIDAD, "SEGURA" DE QUE TODO SE HIZO CORRECTAMENTE

El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ve una "maniobra política" detrás de la querella del sindicato de médicos AFEM. Lasquetty ha indicado que lo que va a hacer el juez es "examinar las acusaciones que hace PSOE y su sindicato afín" y "en modo alguno se refiere a ningún tipo de decisión por parte del juez ni nada parecido". "Es un acto puramente de trámite", ha apostillado.

Lasquetty ha dicho que son "hospitales públicos que llevan años atendiendo a miles de madrileños con un extraordinario nivel de calidad y niveles de satisfacción de más del 95 por ciento y que en el momento en que fueron licitados y sometidos a concurso se hizo con arreglo absolutamente a los principios de la ley con toda la transparencia y legitimidad".