El responsable del Samur apunta a la Comunidad por el caso Madrid Arena

  • Sanidad sostiene que la supervisión de la enfermería correspondía al Ayuntamiento
  • Monteagudo declarará este miércoles para explicar por qué la Policía permitió un macrobotellón ilegal

El director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso del Álamo, ha dicho hoy ante el juez que la inspección de la enfermería del Madrid Arena no es competencia del Ayuntamiento, sino que depende de la Comunidad, que tiene las competencias transferidas en sanidad.

Así lo ha indicado su abogado, Luis Rodríguez Ramos, tras la comparecencia durante casi cuatro horas de Alfonso del Álamo como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, que investiga la muerte de cinco jóvenes en la fiesta de Halloween en el Madrid Arena el pasado 1 de noviembre.

Al ser preguntado por el juez si una persona de 80 años -como el doctor Simón Viñals, responsable de la enfermería en el evento- está capacitada para prestar asistencia médica en la fiesta del Madrid Arena, el responsable municipal de Emergencias ha admitido que se requiere "una especial fortaleza física" para prestar ese servicio porque hay que "estar toda la noche hasta las seis de la madrugada al pie del cañón" atendiendo intoxicaciones etílicas.

Los abogados de las víctimas han expresado la "duda razonable" de que un hombre de edad avanzada como el doctor Viñals tenga la fuerza física suficiente para practicar unas maniobras de reanimación cardiopulmonar.

"EL SAMUR NO TENÍA QUE ESTAR PRESENTE"

Del Álamo ha subrayado que, al tratarse de un evento privado, con un servicio médico propio, el Samur no podía ni tenía que estar presente en el Madrid Arena, tras apuntar que, antes de la tragedia, un vehículo del Samur pasó por el pabellón para verificar que todo discurría con normalidad y quedar a expensas de que le llamasen para prestar algún servicio.

El responsable municipal de Emergencias ha detallado que el Consistorio recibió una comunicación de Madrid Espacios y Congresos sobre la celebración del evento, que la Concejalía de Coordinación de Actos Públicos remitió a la Concejalía de Seguridad, poniendo como destinatario específico la Policía Municipal.

Ha explicado que la responsable del área de Seguridad, Fátima Núñez, envió el comunicado a la Policía Municipal para que montase el dispositivo correspondiente y el día 30 de noviembre la Policía Municipal remitió al Samur el estadillo con todos los actos que se iban a desarrollar en Madrid esa noche y al día siguiente por si el Samur quería adoptar algún tipo de medida preventiva.

En cuanto al funcionario del Samur que atendió de forma inadecuada las llamadas telefónicas de varios jóvenes pidiendo auxilio, ha estimado que es "un hecho lamentable" y que está apartado de la atención al público, pero ha resaltado que esto no tuvo ninguna trascendencia en la prestación del servicio.

"NUNCA SE HACE UN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESPECÍFICO"

Tras recordar que al mismo tiempo que se recibe información telefónica se graba y se envía un mensaje a la Policía Municipal, la Nacional y la central del Samur, ha señalado que "por muy mal educado que haya sido (el funcionario) y por mucho que haya durado la conversación, a los cuatro minutos estaba allí el Samur y no dificultó la atención a la persona que necesitaba asistencia sanitaria".

Del Álamo ha reconocido que nunca se hace un plan de autoprotección específico, que incluye medidas de emergencia, seguridad y evacuación para cada evento y menos para Diviertt, según María José Siñériz, abogada de la familia de Cristina de Arce, una de las víctimas de la tragedia.

Siñériz ha manifestado que "jamás" se ha hecho una actuación preventiva por parte del Ayuntamiento, ni de nadie, ya que las competencias están divididas entre la Policía Municipal y el Ayuntamiento y la Policía Nacional, por lo que, en su opinión, "estamos ante un limbo jurídico o una laguna legal, donde nadie quiere asumir su responsabilidad".

LA CONSEJERÍA DE SANIDAD RESPONDE

La Comunidad de Madrid sostiene que no le competía a la administración autonómica la supervisión de la enfermería instalada en el recinto del Madrid Arena durante la trágica fiesta de Halloween del 31 de octubre, pues la inspección de locales de espectáculos atribuye esta tarea al Ayuntamiento de Madrid, según consta en la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Así lo ha detallado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad en relación con la declaración del director de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso del Alamo, quien este martes ha asegurado en su declaración judicial que la supervisión de la enfermería instalada en el recinto de Madrid Arena dependía de la Comunidad de Madrid en virtud de la Orden 288/2010, si bien se ha quejado de que no hay regulación legal específica que establezca cuál debe ser el equipamiento que debe contener un botiquín de las características del que se montó en el pabellón municipal.

Al respecto, aluden que el contenido de la normativa establece que las funciones de inspección de carácter sanitario de la Comunidad de Madrid "se ciñen a los centros sanitarios o, en su caso, a los centros no sanitarios cuyos titulares han solicitado una autorización de algún tipo de servicio sanitario integrado en su estructura de manera permanente".

ESTE MIÉRCOLES DECLARA MONTEAGUDO

El inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, declarará el próximo miércoles como imputado ante el juez Eduardo López Palop para explicar por qué se permitió la celebración de un 'macrobotellón' en las afueras del recinto Madrid Arena durante la celebración de la fiesta del pasado 1 de noviembre.

Monteagudo declarará una semana después del exdelegado de seguridad Antonio de Guindos, quien aseguró que desconocía con carácter previo el operativo de seguridad al tener las competencias delegadas en la exconcejal de este área, Fátima Núñez. También precisó que al calificarse el evento de alto riesgo se aumentaron los efectivos de ocho a doce, a lo que se sumaban un sargento y un oficial.

En la comisión de Investigación, Monteagudo aseveró que, aunque hubiese habido más agentes en el exterior del recinto "no se hubiese impedido nada de lo que ocurrió en el interior". Y se mostró contrario a que se hubiera producido una negligencia.