Los proveedores, los más afectados de la negativa de Zapatero de permitir a Madrid refinanciar su deuda

  • El Ayuntamiento les adeuda unos 900 millones de euros

Ahogados por los impagos del Ayuntamiento de Madrid. Los pequeños empresarios denuncian ser los más perjudicados por la negativa del Gobierno de Zapatero de no refinanciar la deuda del consistorio madrileño. Una decisión que, como adelantan muchos proveedores, traerá más quiebras y más despidos.

Ya lo avisó el miércoles el alcalde: las consecuencias de de la decisión de Zapatero de no permitir refinanciar la deuda la pagarán, en primera instancia, los proveedores. Las grandes y pequeñas empresas que prestan servicios al Ayuntamiento verán retrasarse aún más el cobro de sus facturas, una deuda que alcanza en la actualidad unos 900 millones de euros y cuyo retraso en los pagos sobrepasa en algunos casos los nueve meses, y que los pequeños empresarios temen se alargue incluso hasta los 14 meses.

Una situación que pone con el agua al cuello a muchos empresarios, cuya falta de liquidez les impide hacer frente en alguno casos sus pagos.

El alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, reconoció los problemas de tesorería que va a soportar, y de los que dependerán los retrasos en los pagos a proveedores, pero insistiendo en que se hara frente a las obligaciones y que "Madrid no va a dejar de cumplir sus objetivos".

Por su parte, el no de Zapatero a Ruiz Gallardón es una discriminación del Gobierno a los municipios dirigidos por el PP. Es la conclusión que extrae de esa reunión Esperanza Aguirre que ponía ejemplos. La presidenta de la Comunidad ha salido este viernes en defensa de su compañero de partido y alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón y ha acusado al dirigente socialista de tratar a las corporaciones locales de forma "discriminatoria y desigual".

"Esto es muy grave y tendrá consecuencias perversas, porque el que se les impida refinanciar las deudas --que no es lo mismo que endeudarse más--, es absolutamente discriminatorio", ha recordado la dirigente, señalando que si no se da esta autorización se podría "dejar de pagar a proveedores", algo que "sí que es grave, porque se va la gente al paro".

" Nos parece que lo que tiene que hacer es esa reducción del gasto público aplicásela a todo el mundo por igual. Nos parece que el Museo del Chacolí y el Instituto de la Alianza de Civilizaciones es un escándalo en esta situación", ha criticado.

Y quienes lo van a pagar son los proveedores, sobre todo las pequeñas empresas, el último eslabón de la cadena, cuyos pagos a tiempo están en peligro.