Un juez de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal presentada por los vecinos de Ciudad Santo Domingo, de la localidad de Algete, contra el presidente de AENA, Jose Manuel Vargas, y su antecesor en el cargo, Juan Ignacio Lema, por presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente.
Según el abogado representante de los vecinos de Santo Domingo, el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid ha citado a Vargas y a Lema, actual presidente de Tecniberia, para que declaren el 27 de enero próximo. Además, deberán declarar ante el juez la directora de Planificación y medio Ambiente de AENA, Amparo Brea, y su antecesor en este cargo y actual director de operaciones de ISDEFE, Jose Manuel Hesse.
En noviembre de 2008, el Tribunal Supremo (TS) sentenció dando la razón a los vecinos de Santo Domingo, afectados por el ruido que causan los aviones al aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ordenó a la Administración que adoptase las medidas necesarias para que cesara la causa de esta situación.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS consideró en esa sentencia vulnerado el derecho a la intimidad domiciliaria de los vecinos como consecuencia del ruido que provocan los aviones que sobrevuelan Santo Domingo.
En la querella admitida por el juez, los vecinos afectados por el ruido alegan el incumplimiento de la sentencia del Supremo y creen que es incuestionable lo declarado por el Supremo, que considera que su sentencia del 13 de octubre de 2008 no ha sido ejecutada y se mantiene la lesión de derechos de los ciudadanos.
Según el representante legal de los vecinos, el Supremo ordenó el cese de la causa la lesión de sus derechos fundamentales por sobrevuelos en aterrizajes hacia el aeropuerto Madrid-Barajas, hoy Adolfo Suárez, en una urbanización libre de afecciones y servidumbres acústicas, consolidada muchos años antes de la ampliación del aeropuerto, lo que se retrotrae a enero de 2002.
Según los vecinos de Santo Domingo, los querellados "han permitido agravar notablemente la situación, incrementando todos los parámetros que el Supremo consideró y afectando a miles de residentes en una urbanización afectada de forma homogénea, sin que exista justificación legal, salvo falta de respeto por las sentencias judiciales".
