El apoyo popular obliga a suspender el desahucio de una vivienda en Tetuán

  • Tres personas han sido detenidas por los presuntos delitos de alteración del orden público

La presencia de unas trescientas personas a hecho que se suspendiera hoy en Madrid el desalojo de tres familias residentes en una vivienda expropiada en la calle Ofelia Nieto, del distrito de Tetuán, donde la Policía cargó contra los presentes y detuvo a tres personas.Ante la inminencia de la diligencia judicial, desde la noche del martes decenas de personas han permanecido en la azotea y en el exterior de la vivienda, expresando su apoyo a los propietarios de la casa, sobre la que pesa una sentencia de expropiación en favor del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento.

Varias pancartas con lemas como "No es derribo, es especulación", adornan la fachada de la vivienda, hasta donde llegó esta mañana la Policía, que cargó contra los presentes.Uno de los miembros de la Asamblea Popular de Tetuán, Álvaro López, ha informado a los numerosos medios de comunicación presentes en el lugar de que la ejecución judicial de la expropiación ha sido aplazada "por hoy".

TRES DETENIDOS

Fuentes municipales han informado de que tres personas han sido detenidas por los presuntos delitos de alteración del orden público, daños y atentado a la autoridad, y desobediencia y resistencia a la autoridad. Según estas fuentes, el desahucio ha sido suspendido porque antes de iniciarse la diligencia las personas congregadas "han lanzado piedras" contra los funcionarios policiales y no se podía garantizar la seguridad de los funcionarios encargados de llevarlo a cabo.

El inmueble afectado por la medida es una vivienda edificada sobre 164 metros cuadrados de terreno, en la esquina de Ofelia Nieto con la calle Sánchez Preciados, que ocupa 6,5 metros de una acera que el Ayuntamiento no ha podido terminar, dicen sus habitantes. Los propietarios de la vivienda y el Ayuntamiento han estado inmersos en un conflicto judicial durante una década en el que la Justicia ha dado razón al Municipio.

Los vecinos y varias organizaciones, como Stop Desahucios y la Asamblea Popular de Tetuán, apoyan a los dueños de la casa porque consideran que "6,5 metros, que ellos están dispuestos a ceder, no son argumento para expropiarles y derribarles su vivienda". Así lo ha expresado Álvaro López y el mismo argumento es el que mantiene la hija del propietario, Ángeles Gracia, convencida de que todo obedece al "interés especulativo del Ayuntamiento".

López ha reiterado además que las familias han ofrecido al Ayuntamiento reducir su vivienda en los metros que ocupa la acera pero el Gobierno municipal no acepta esta solución.

DIEZ AÑOS NEGOCIANDO

Fuentes el Ayuntamiento han explicado hoy que hace casi diez años se comenzó a negociar con los afectados de esta operación urbana y se intentó llegar a un acuerdo por compensación, en el que los propietarios asumen tanto cargas como beneficios, pero no fructificó y el Ayuntamiento optó por el sistema de expropiación. El proceso de expropiación empezó en 2004 y 19 familias abandonaron las viviendas con el correspondiente justiprecio -en total 2,8 millones de euros- abonado por la Administración municipal.

Las fuentes municipales han asegurado que, sin embargo, los propietarios de la vivienda reclamaron 1,8 millones de euros y rechazaron el justiprecio, que en este caso ascendía a 399.123 euros y está depositado. El Ayuntamiento alega que se trata de una vivienda que ocupa terreno afectado por una "actuación (urbanística) integrada" y que la expropiación "no se realiza para la urbanización de seis metros de acera sino que permite el remate" de una actuación que ha afectado a otras 19 fincas en la misma calle.

Sin embargo, para los denunciantes la pretensión del Ayuntamiento es "un ejemplo más de una política urbanística pensada únicamente para favorecer la especulación". El representante de la Asamblea Popular de Tetuán han informado de que mantendrán la presencia vecinal en la vivienda, para apoyar, defender y proteger a los moradores, ante la posibilidad de que la comisión judicial y la Policía vuelvan en cualquier momento, y además intentarán que el Ayuntamiento "saque la vivienda del Plan Urbanístico".