La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido paralizar tres desahucios programados para hoy en Madrid, en uno de los cuales se ha conseguido llegar a un acuerdo con la entidad bancaria -Bankia- para que los propietarios continúen en la vivienda pagando un alquiler social.
Según ha explicado a Efe un portavoz de la PAH, esta mañana estaba programado un desahucio en la calle Camporreal número 16, aunque la pasada semana se logró un acuerdo con Bankia para que el propietario pague un alquiler social, por lo que el desalojo se suspendió.
Esta misma mañana un grupo de personas de la PAH, junto a vecinos del barrio, han acudido al número 12 de la calle Castilla, donde se iba a realizar otro desahucio -también por parte de Bankia-, que finalmente ha quedado suspendido sine die.
Testigos presenciales han explicado a Efe que al mismo no ha acudido la Policía Nacional, aunque sí algunos agentes de la Policía Municipal, si bien no se ha percibido presión por su parte contra las protestas para parar el desalojo.
De acuerdo con el portavoz de la PAH, mientras medio centenar de personas protestaban contra el desahucio en la calle Castilla una mujer se ha acercado pidiendo ayuda, ya que ella misma y su familia iban a ser también desalojadas a mediodía de su vivienda en el mismo barrio, en la calle Juan Pradillo.
Como el anterior de la calle Castilla, éste último desalojo -también de Bankia- ha quedado igualmente suspendido.
Hoy mismo la Asociación Española de Banca (AEB) ha anunciado el compromiso de sus asociados de paralizar los desahucios durante los dos próximos años "en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad", mientras que esta tarde se reunirá en Moncloa el grupo de expertos que han designado el Gobierno y el PSOE para tomar medidas urgentes sobre los desalojos y plantear cambios normativos.
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha exigido a la Comunidad de Madrid que paralice los desahucios de arrendatarios del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y ha lamentado la medida anunciada por el Gobierno regional de entregar a la ONG Cáritas la gestión de 800 viviendas.
En una rueda de prensa convocada ante la sede del IVIMA, la portavoz de la PAH Felicidad Velázquez ha criticado la forma de proceder de esta entidad, "que debería representar el derecho a la vivienda digna desde el ámbito de lo público".
Por el contrario, ha dicho, "vemos cómo se privatiza (el IVIMA), cómo vende las viviendas y cómo desahucia a la gente, como lo hace cualquier banco".
Velázquez, que junto a otros miembros de la PAH ha exigido la paralización de los desahucios del IVIMA y más viviendas para las víctimas de las expulsiones forzosas, ha cuestionado la fórmula presentada por el Gobierno de la Comunidad para gestionar 800 viviendas destinadas a atender a las víctimas de desahucios.
