El número 2 de Gürtel y exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, ha declarado ante el tribunal que juzga la primera época de la trama (1999-2005) que no reconoce los hechos que le imputa la Fiscalía por los que le pide 85 años y medio de cárcel. Al inicio de la declaración y a respuestas de la fiscal Concepción Sabadell, Crespo ha rechazado de esta manera las acusaciones contra él.
Ha explicado que no ratificaba sus declaraciones ante el exjuez Baltasar Garzón y después en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque entonces no sabía que sus conversaciones en prisión con su abogado habían sido intervenidas durante 70 horas, lo que le costó a Garzón la inhabilitación.
Crespo ha hecho estas manifestaciones al ser preguntado si el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, era el propietario de todas las empresas para las que él estuvo trabajando tras dejar el PP en 1999 y si ratificaba que Correa compartía la titularidad con su primo Antoine Sánchez.
En ese sentido ha dicho que desconocía el porcentaje en el que participaba el primo de Correa en las sociedades, pero lo que ha recordado es que el cabecilla de Gürtel buscaba "opacidad" en sus empresas tras un negocio fallido.
CRESPO: HUBO RUMORES DE QUE LA OPERACIÓN GÜRTEL LA ORQUESTÓ RUBALCABA
Pablo Crespo ha afirmado que en noviembre de 2008 le llegaron rumores de que "desde el despacho" del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se estaba organizando una operación contra el PP "con policías amigos y gente de confianza". Crespo ha contestado así a la pregunta de la fiscal de si había recibido rumores de que había una operación en marcha antes de las detenciones de Gürtel ordenadas por el juez Baltasar Garzón en febrero de 2009.
Crespo ha respondido que sí, que cuatro meses antes le contaron que desde el despacho de Rubalcaba y con ayuda de Antonio Camacho, entonces secretario de Estado de Seguridad, se estaba organizando "una operación que realmente iba dirigida contra el PP" y en la que estaba involucrado el cabecilla de la trama, Francisco Correa, por su relación con Alejandro Agag, yerno de José María Aznar.
Fue por esos rumores, ha continuado, por lo que se mostró nervioso ante Correa al sospechar que sus teléfonos estaban pinchados, tal y como queda reflejado en una conversación intervenida por Garzón en la que Correa llama "paranoico" a su número dos. La fiscal le ha preguntado entonces quién le trasladó esos rumores, a lo que ha dicho que no iba a revelarlo porque es "una persona que no viene al caso".
Crespo ha reconocido que cuando se sospechó investigado acudió a una persona conocida de Correa que se las jactaba de ser juez y se ofrecía a verificar si había "intervenciones legales o ilegales de los teléfonos", pero que resultó ser un "timador". Crespo, para quien la Fiscalía pide 85 años y seis meses de cárcel, ha comenzado hoy a declarar afirmando que no reconoce los hechos que le imputa el ministerio público.
SUIZA CONFIRMA QUE TRIBUNAL DE GÜRTEL PUEDE USAR DATOS BANCARIOS DE BÁRCENAS
La justicia suiza ha confirmado que el tribunal que juzga el macrojuicio de Gürtel puede usar la documentación que ha enviado a España sobre las cuentas del extesorero del PP Luis Bárcenas en el país helvético. Así lo ha expuesto ante el tribunal la fiscal Concepción Sabadell al principio de la octava jornada del juicio, cuando ha aportado una carta remitida por la justicia suiza a la Fiscalía Anticorrupción.
En esa misiva, fechada el pasado día 18, ha explicado al fiscal que el equivalente al tribunal supremo de Suiza helvética confirma la autorización que ya dio otro tribunal inferior para usar esa información. De esta manera, ha dicho Sabadell, la autorización "es firme y se pueden usar" los datos bancarios de Bárcenas, después de que el supremo de ese país haya rechazado el recurso interpuesto por el extesorero del partido ante la justicia suiza.
Esta decisión afecta por ahora solo a Bárcenas, pero previsiblemente será la misma en relación a otros acusados en Gürtel que también han recurrido el uso de los datos bancarios, como el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.
Suiza fue el país, según la Fiscalía, donde Bárcenas se llevó el dinero que acumuló de comisiones por interceder en adjudicaciones a la red mafiosa (al menos 1,2 millones) y el que sustrajo de la "caja B" del partido (unos 300.000 euros), y donde llegó a acumular 48,2 millones.
El país helvético autorizó en su día a España a usar la documentación que envió sobre Bárcenas, Correa, su número dos, Pablo Crespo (que declara hoy), y otros imputados, para acusarlos de delitos de "escroquerie" relacionados con delitos fiscales, lo que en la legislación española sería comparable con el delito de fraude.
Pero esta decisión la recurrieron algunos imputados y la justicia suiza decidió suspender la autorización a usar los datos hasta que se resuelva el recurso planteado ante el Tribunal Penal Federal, que ahora se ha pronunciado.
