La compañía Zurich Seguros, que firmó con el Ayuntamiento de Madrid una póliza de responsabilidad civil en la etapa de Ana Botella, ha rechazado dar cobertura al Gobierno de la exalcaldesa que afronta una demanda por la venta de viviendas sociales a un fondo de inversión por debajo del precio de mercado.
El Ayuntamiento demandó en noviembre al gobierno de Botella ante el Tribunal de Cuentas por la venta de 18 promociones de vivienda protegida de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Fidere, filial española del estadounidense Blackstone, con un perjuicio de 127 millones para las arcas municipales. Los demandados son, además del exconsejero de la EMVS Fermín Oslé y de la exalcaldesa Ana Botella, los entonces miembros de la Junta de Gobierno: Concepción Dancausa, Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito; Paz González García; Dolores Navarro y Pedro Corral.
Los miembros de la antigua Junta de Gobierno recibieron la notificación del decreto de la demanda hace unas semanas y solicitaron por carta que se activara la citada póliza con Zurich Seguros, porque la denuncia deriva del cargo que tenían entonces, en el momento en que tuvieron lugar los hechos.
Según han confirmado a Efe fuentes cercanas a los antiguos miembros de la Junta de Gobierno, la carta se remitió al director general de Organización, Régimen Jurídico y Formación del Consistorio, en su condición de "asegurados bajo la póliza de seguro de Responsabilidad Civil suscrita por el Ayuntamiento". "Solicito formalmente que se active la cobertura de la póliza de forma inmediata y dado que el contrato de seguro ampara expresamente la Responsabilidad Profesional por daño o perjuicios indemnizables, requiero igualmente para que se aplique la defensa jurídica y prestación de fianzas judiciales que me corresponde en condición de asegurado", explican en las misivas.
LA PÓLIZA NO INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CONTABLE
Zurich Seguros ha denegado sin embargo cubrir el procedimiento contable que está abierto contra los miembros de la anterior Junta de Gobierno municipal, al considerar que la póliza de la compañía con el Ayuntamiento era de "responsabilidad civil patrimonial y no incluye la responsabilidad contable", según han confirmado a Efe fuentes del Ayuntamiento de Madrid.
Los demandados solicitaron al Ayuntamiento que activara el procedimiento de demanda de cobertura a la empresa aseguradora, la cual contestó "hace unos días" tras estudiar el asunto que la póliza "no cubre la responsabilidad contable", añaden las fuentes municipales.
El Ayuntamiento denunció ante el Tribunal de Cuentas dos operaciones: la venta de 34 pisos y 2 plazas de garaje; y la "de 18 promociones completas de vivienda protegida, de sus elementos vinculados y de otros inmuebles no vinculados, un total de 5.315 inmuebles", a las sociedades Fidere Vivienda y Fidere Gestión S.L.U. por un precio global de 128,5 millones de euros en octubre de 2013.
El delegado de Urbanismo sostenible José Manuel Calvo cifró el perjuicio "como mínimo en 55 millones de euros", si se aplicase el valor catastral de los inmuebles, y de unos 130 millones de euros de acuerdo con el valor de tasación, que es lo que reclama la EMVS. Dado que "se reclama contra los particulares que en aquel momento eran los responsables de tomar esta decisión -el exconsejero de la EMVS y la Junta de Gobierno- correspondería la restitución patrimonial a estas personas en concreto", dijo Calvo en noviembre.
El importe total cuyo reintegro se solicita se desglosa en 4,05 millones por la venta de 34 viviendas; 120,77 millones por las 18 promociones y otros 2,39 millones en concepto de "la intermediación innecesaria", según la demanda.
La enajenación de viviendas individualizadas "no se sometió a procedimiento alguno, alejándose del criterio seguido en ocasiones anteriores y contrariando con ello las normas de disposición de bienes públicos".
Lo mismo pasó en la enajenación de las 18 promociones, "se prescindió de trámites de naturaleza económico-financiera, como la tasación de los inmuebles, la fijación del precio, los informes sobre la viabilidad económica y jurídica de la operación", según Calvo.
