El juzgado de lo Penal número 5 de Getafe ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio contra el exalcalde socialista de Leganés José Luis Peréz Ráez y seis de sus exconcejales de Gobierno por el pago de una factura de 101.478 euros a la empresa Cuadrifolio durante la última Junta de Gobierno de 2007.
En las conclusiones, la acusación popular -que representa al actual alcalde del municipio, Jesús Gómez (PP)- ha reclamado una rebaja de la pena para los acusados de diez a siete años de inhabilitación mientras que la Fiscalía ha mantenido su petición de absolución al "no quedar acreditado la existencia del delito" juzgado, concretamente, el de prevaricación administrativa.
Durante la jornada de este jueves, han declarado como testigos los que, en 2007, ocupaban los cargos de secretario municipal, Honorato Ramos, y de Interventora, Teresa Pascual.
Ante las preguntas de la acusación popular, ambos han coincidido en que el Ayuntamiento tuvo la obligación de realizar el pago de los101.000 euros para evitar un "enriquecimiento injusto" de la Administración local, una vez que se comprobó que el servicio se había prestado (material, carpas y stands para eventos).
En este sentido, Ramos ha justificado que el recurso al reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono era un "procedimiento normal" para evitar que el proveedor acudiese a reclamar al juzgado.
Aunque el exsecretario municipal ha admitido que la contratación del servicio se debió llevar a cabo por "concurso" o procedimiento "negociado" debido al montante económico, ha declarado que "esté bien o mal contratado, si se hace el servicio hay que pagarlo".
La exinterventora ha coincidido en este postulado durante sutestifical: "Con independencia de que se hayan omitido trámites, si el servicio se ha prestado y la factura viene conformada, hay que pagar el suministro", ha apostillado. En otro momento de su intervención ha reiterado que, aunque "el aspecto procedimental no es correcto, lógicamente hay que pagar el servicio si se ha dado".
Pascual se ha ratificado ante el juez en que, durante la Junta de Gobierno, advirtió "oralmente" a los integrantes del Ejecutivo local de las consecuencias "incluso penales en su caso" que podría acarrear la aprobación de la factura sin expediente de contratación previo.
Durante el juicio ha quedado acreditado, además, que aunque en el momento de celebrarse la Junta (22 de mayo de 2007), la exinterventora desconocía que hubiese reserva de crédito para afrontar la factura, el asiento contable figuraba con fecha de un día antes.
En los escritos de conclusiones, el letrado de la acción popular, Francisco Andújar, ha asegurado que "el delito es de libro" y ha manifestado que no ha quedado acreditado, ni siquiera a través de fotografías, la existencia del material que Cuadrifolio dio al Ayuntamiento tras la adquisición.
"Si hay algo acreditado -ha resumido- es que para pagar y para contratar ese material se apartaron groseramente del procedimiento, y posiblemente el tracto del delito empezó antes de la aprobación de la factura".
Por su lado, el alcalde de Leganés, Jesús Gómez (PP), iba a declarar en el juzgado como testigo a petición de la Defensa, pero finalmente han desestimado su testimonio, al igual que el de la exalcaldesa del PP Guadalupe Bragado, quien alertó en 2007 del pago a la Fiscalía Anticorrupción.
