Una veintena de gitanos rumanos ocupa un edificio del Ministerio de Educación en Carabanchel

  • Los vecinos se quejan de ruidos, malos olores y temen que algun día se provoque un incendio por la chatarra
  • Los vecinos de la calle Matilde Hernández están recogiendo firmas para pedir el desalojo

Un edificio entero ocupado en Carabanchel. Los vecinos de la calle Matilde Hernández de ese distrito están recogiendo firmas para pedir el desalojo de una veintena de familias rumanas. Hace seis meses se metieron en el inmueble abandonado, propiedad del Ministerio de Educación. Desde entonces se acumulan las denuncian por ruidos, suciedad e inseguridad.

Desde la cocina de una vecina se les ve con claridad. El patio de la casa ocupada. Tablas de madera, cartones, y mucha chatarra.

"Traen carritos del mercado llebos de chatarra por las noches y llegan ahí y la tiran. Eso hace mucho ruido por las noches", afirma una vecina que quiere salvaguardar su identidad.

Han pinchado la luz, cuentan con antena parabólica y no tienen agua corriente. "Nosotros les vemos acarrear agua. Con los carritos del supermercado y bidones de agua llenos, les vemos acarrear agua".

Alrededor de una veintena de gitanos rumanos viven en este edificio de Carabanchel. Lo ocuparon hace seis meses. Antes vivían en este poblado de la calle Aguacate que ya ha sido desmantelado.

Algunos cuentan con antecedentes policiales por robos aunque son delitos que no cometen en el barrio.

Los vecinos de la zona se quejan sobretodo de ruidos y suciedad. Por eso han recogido firmas que van a entregar en el Ayuntamiento de Madrid para que tome cartas. "Aguantamos malos olores. Los niños mean en las calles, no estan escolarizados y ademas el día que haga frio ahí van a tener que hacer fogatas, ademas de los cables de chatarra que queman ahí... Algun día va a haber algun incendio ahí y nos va a afectar a todos", denuncia otra vecina de la zona.

Los vecinos ya han recogido 150 firmas. Por su parte, según el Ayuntamiento de Madrid, ya han realizado un requerimiento al propietario del edificio, el Ministerio de Educación, para que inicie los trámites de desalojo del inmueble y establezcan medidas que impidan que vuelva a ser ocupado.