Una familia de Madrid se encierra en las oficinas centrales del IVIMA para evitar su desahucio | Telemadrid – Radio Televisión Madrid

Una familia de Madrid se encierra en las oficinas centrales del IVIMA para evitar su desahucio

La Comunidad confirma que el desalojo se producirá por "impagos reiterados a la comunidad de vecinos y por daños a zonas comunes"

Desahucios, protestas (Desahucios, protestas)

madrid

| 12.12.2012 - Actualizado: 18:39 h
REDACCIÓN

Una madre y sus dos hijas han decidido encerrarse en las oficinas centrales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) para supuestamente negociar con la entidad el pago de parte de la deuda que mantiene, aunque desde el propio IVIMA han defendido que llevan meses intentando que la mujer se comprometa a un plan de pago y se niega. La deuda total con IVIMA, según reconoce la propia mujer, asciende a 10.258 euros, aunque según el Instituto de Vivienda también tiene amplias deudas con la comunidad de vecinos por impago de cuotas y diversos desperfectos, que añadirían otros casi 5.000 euros a la factura.

En declaraciones a Europa Press Televisión, la mujer afectada, Juana Madrid, de 46 años de edad, con dos hijas de 21 y 16 años de edad, ha relatado que en el mes de abril el IVIMA paralizó una orden de desahucio que estaba dictada sobre su vivienda y ha asegurado que, desde entonces, lleva esperando a que la entidad se ponga en contacto con ella para "arreglar" su situación. "Tenía la esperanza de que me la iban a arreglar, pero es mentira", ha dicho la mujer, que lleva 13 años en la viviena.

En este tiempo, Juana dice haber reunido 2.500 euros gracias a la solidaridad de dos personas que la vieron en un programa de televisión denunciando su caso y decidieron enviarle una donación a través de Cáritas. Con este dinero, podría hacer frente al 25 por ciento de la deuda como han hecho otras familias en su situación y que han podido finalmente quedarse en su casa.

Juana, que ha reconocido sentirse "impotente" porque nadie en el IVIMA quiere recibirla, ha recordado que lleva tres años buscando empleo, el periodo que lleva sin abonar el alquiler, y que por fin lo ha conseguido. Así, ha asegurado que con su sueldo quiere hacer frente mes a mes al pago de la deuda y del alquiler para mantener su casa.

Junto a su familia y apoyada por la Plataforma de Stop Desahucios ha sostenido que se mantendrá en las oficinas del IVIMA hasta que se resuelva favorablemente su caso.

La Comunidad, a través del IVIMA, ha indicado que "se ve en la obligación" de proceder al desalojo "ante la necesidad de proteger al resto de los vecinos" del inmueble debido la "conflictividad reiterada de esta vecina, que no quiere comprometerse a abonar la deuda que mantiene con el IVIMA desde 2008, ni los impagos con la comunidad de vecinos".

Además, ha indicado que la deuda acumulada con la comunidad de vecinos, "que asciende a 4.800 euros, ha provocado que este año no puedan poner en marcha la calefacción puesto que no pueden hacer frente al pago".

IVIMA: LA MUJER "QUEMA BUZONES, PINTA PAREDES Y DESTROZA CERRADURAS"

El IVIMA ha explicado que la denunciada ha sido vista provocando daños en las zonas comunes del edificio, por ejemplo, "pintando las paredes" e incluso quemando "varios buzones" o "destrozando la cerradura del portal del edificio".

Igualmente, el comportamiento de la vecina, según cita IVIMA que cuentan algunos afectados, "ha hecho necesaria la intervención de la policía que ha tenido que acudir al domicilio ante los ruidos, música alta y exceso del volumen del televisor en reiteradas ocasiones".

Por ello, continúan explicando que "se encuentra en la obligación" de proteger los derechos de todos los ciudadanos y entiende que el mal uso que Juana está realizando de esta vivienda de protección "está provocando graves perjuicios al resto de la comunidad, tal y como atestiguan los propios afectados".

UNA SENTENCIA JUDICIAL FIRMA AVALA EL DESALOJO

Por último, la Comunidad ha subrayado que el desalojo de este inmueble se produce por sentencia judicial firme, en virtud de un informe social encargado por el IVIMA ante la reiterada denuncia de vecinos y después de no haber querido comprometerse a fijar un calendario de pagos.