Sánchez Mato reprocha al PP los sobrecostes por su gestión de Madrid Calle 30

La obras en la piscina Moscardó, pendiente de remunicipalizar, acabarán en abril

madrid

| 23.01.2017 - 19:22 h
REDACCIÓN

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El delegado madrileño de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha expuesto a los grupos municipales el informe de la Cámara de Cuentas que observa irregularidades en la constitución de la empresa mixta Calle 30, y ha reprochado al PP que su operación ha costado ya al Ayuntamiento 550 millones de euros adicionales.

Carlos Sánchez Mato ha comparecido a petición propia en la comisión municipal de Economía y Hacienda después de conocerse que la Cámara de Cuentas de la Comunidad ha observado irregularidades en varios aspectos del proceso de constitución de la empresa mixta Calle 30, participada en un 80 % por el Ayuntamiento y en un 20% por la Empresa de Mantenimiento y Explotación S.A. (Emasa), bajo el mandato del PP.

El informe de Fiscalización de Calle 30 de los ejercicios 2012 y 2013, emitido el 29 de diciembre pasado, detecta irregularidades en el cambio de modelo de gestión de directa a indirecta, ya que debe fundamentarse en estudios técnicos, jurídicos y financieros "que no constan entre la documentación facilitada y analizada".

El responsable de Economía y Hacienda ha considerado que lo que sucedió en la M-30 es algo "absolutamente aberrante" y ha mostrado su compromiso de que haya transparencia con lo que ocurrió en el pasado y "lo que no debe ocurrir en el futuro".

Madrid Calle 30 se creó en 2004 y, a finales de ese año, el Pleno del Ayuntamiento acordó modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta; en agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de EMESA, y tras la concesión quedó establecido el modelo económico financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040.

Otro de los avisos de la Cámara de Cuentas es que existe una discrepancia "importante" respecto a quién debe asumir el coste del suministro eléctrico del funcionamiento de Calle 30, por el que se han pagado 55 millones de euros por parte de la sociedad, aunque según el pliego de condiciones debería asumirlo exclusivamente el socio privado.

Sánchez Mato ha precisado que "el modelo económico" del PP ha resultado "realmente lesivo para las arcas municipales" ya que el Ayuntamiento destina anualmente alrededor de 140 millones de euros a Madrid Calle 30 (única fuente anual de ingresos de la sociedad), de los que solo unos 28 son destinados al mantenimiento y explotación de la infraestructura.

En consonancia con el edil de Ahora Madrid, el edil de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo ha denunciado que el modelo diseñado por el PP ha sido un "sablazo para el bolsillo de los madrileños" en el que han ganado "todos" menos los ciudadanos de Madrid y la socialista Erika Rodríguez ha insistido en la necesidad de investigar lo sucedido en Calle 30.

Por su parte, el popular Íñigo Henríquez de Luna ha afeado al edil de Manuela Carmena llevar a la comisión municipal ese informe para "escarbar en la gestión anterior" y ha reivindicado que "el PP está orgulloso de haber hecho la M-30" al margen de que en el contrato de gestión "haya algunas cosas discutibles".

"Lo que tiene que hacer es dejar ese papel de Torquemada, deje ya de escarbar en el pasado y ocúpese de gestionar el Ayuntamiento", le ha pedido el número dos de Aguirre al delegado Carlos Sánchez Mato.

El número dos de Esperanza Aguirre ha añadido además que "el juicio político ya lo hicieron los ciudadanos en las elecciones de 2007, que el PP ganó de forma indiscutible" y ha instado a Ahora Madrid a ir a los tribunales si considera que hay alguna ilegalidad ya que en su opinión fue una decisión "legal y legítima". "Si consideran que es ilegal, les está faltando el tiempo para ir a los tribunales", ha espetado el edil popular.

El delegado de Economía y Hacienda ha reprochado al PP su mal uso de los recursos públicos y ha deseado que se depuren las responsabilidades políticas por este sobrecoste a los ciudadanos.

POLIDEPORTIVO MOSCARDO

Por otra parte, las obras que el Ayuntamiento de Madrid está acometiendo en las instalaciones deportivas Moscardó en el distrito de Usera terminarán previsiblemente el 28 de febrero en el caso del campo de fútbol y el 30 de abril en el de la piscina, tras lo cual la intención de Ahora Madrid es remunicipalizarlas.

El director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Javier Odriozola, ha mencionado estas fechas como las previstas para la finalización de las obras en estas instalaciones.

El PP se ha quejado en comisión de que hasta el momento todo lo que ha hecho el nuevo equipo de Gobierno con estas instalaciones ha sido "marear la perdiz y a los trabajadores", en referencia a las quejas del club de natación, que gestiona -aunque con numerosos problemas económicos- desde 1993 las instalaciones del centro deportivo de propiedad municipal.

El director general de Deportes ha tachado de "indignantes" las quejas del PP, se ha preguntado cuáles fueron las medidas que no aplicaron desde el 2007 al 2015 para mejorar la situación precaria del club, y ha señalado que su compromiso es "recuperar" la gestión directa de estas instalaciones para que no se vuelva a repetir una situación como la que actualmente vive este espacio.

En un comunicado, el partido instrumental con el que Manuela Carmena se presentó a las elecciones aseguró que "se encuentra cada vez más cerca" la remunicipalización del polideportivo Moscardó.

Según Ahora Madrid, su obligación es recuperar tanto el campo de fútbol Román Valero, gestionado hasta ahora por el Club Deportivo Colonia Moscardó, como la piscina, regentada por el Club de Natación Madrid Moscardó, "ambos en situación irregular y sin ningún tipo de licitación jurídica que le permitiese explotar las instalaciones".

Ahora Madrid recalcó además que el club ha afirmado que no puede hacerse cargo de las instalaciones y señaló que remunicipalizar la gestión y subrogar a la plantilla es una garantía para dar el mejor servicio posible y garantizar la estabilidad del empleo de los trabajadores.