Protesta en Parla: 300 familias sin luz

Un problema burocrático impide aclarar quién debe hacerse cargo de las facturas

La situación que viven los vecinos es insostenible

madrid

| 27.09.2016 - 14:14 h
REDACCIÓN
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En Parla sigue cortado el suministro eléctrico de las 270 viviendas de un edificio de la calle Toledo. Un problema burocrático impide aclarar quién debe hacerse cargo de las facturas, y el Ayuntamiento se niega a hacerlo porque asegura que sería ilegal. Entretanto, la situación que viven los que habitan en los pisos es insostenible. Hoy decenas de vecinos han realizado una protesta frente al Ayuntamiento. Quieren pagar la deuda, pero nadie les dice donde.

La compañía eléctrica Iberdrola ha cortado el suministro eléctrico del edificio número 15 de la calle Toledo de Parla, de 270 viviendas, "originalmente de alquiler municipal, de las que una mayoría están ocupadas ilegalmente desde finales del año 2011", según ha informado el Ayuntamiento.

En aquel momento, la empresa propietaria, UNIFO SA, "entró en suspensión de pagos y se hizo con el derecho de superficie la Sareb", ante lo que a finales de 2014, la exalcaldesa socialista y actual portavoz de Mover Parla, Beatriz Arceredillo, "solicitó un informe al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid".

Ahora, el Gobierno municipal ha indicado que dicho documento, "de carácter vinculante", impide poner el contrato de la luz a nombre del Consistorio por ser un acto "que carece de cobertura legal y resulta nulo de pleno derecho", dado que no es el propietario del edificio, argumento por el que el Ayuntamiento no pagará la luz a Iberdrola.

En 2013, el Consistorio suscribió un convenio con la Fundación Todo Ayuda para que gestionara los alquileres del edificio, a precios de entre 52 y 62 euros, para "regularizar la situación de los inquilinos ilegales", después de que hubiera concedido subvenciones a la organización para cubrir impagos de electricidad.

Impagos que, según el Ayuntamiento, "no se solventaron", por lo que en 2014, la Administración local intentó asumir el contrato de la luz directamente, lo que el actual Ejecutivo local, del PP, asegura que contó con informes desfavorables de la Intervención y, finalmente, también del Consejo Consultivo de la Comunidad.

El dictamen de este llegó al Ayuntamiento "mayo de este año", por lo que el alcalde, Luis Martínez Hervás, ha indicado que no va a "asumir en ningún caso el pago de la luz de edificio de la calle Toledo número 15, porque es ilegal", dado que "se estaría cometiendo un delito de prevaricación".

"Se trata de un conflicto entre una empresa privada, como es Iberdrola, y un edificio que no es de titularidad municipal", ha manifestado el regidor, que se ha mostrado "preocupado" por la situación de las familias "altamente compleja para todos, porque algunos inquilinos están ahí legalmente".

En ese sentido, ha asegurado mantener contactos con la Comunidad de Madrid y el Gobierno nacional "para que se tomen las medidas oportunas" y ha asegurado haber "hecho todo lo que se podía hacer".

"Todas las partes implicadas y las instancias superiores están informadas puntualmente de la situación y esperamos que pueda resolverse de la forma más satisfactoria posible", ha concluido el primer edil.

El Ayuntamiento ha detallado que, en junio de 2015, la deuda con Iberdrola ascendía a 500.000 euros y que "ante la imposibilidad de distinguir qué inquilinos pagaban la luz y quiénes no, el equipo de Gobierno propuso a Iberdrola y a la Sareb la instalación de contadores individuales", a lo que se negaron ambas empresas.

Por su parte, el grupo municipal de IUCM ha criticado que el edificio se encuentre "en un limbo legal de difícil solución, que mantiene prisioneras a familias y ni desde la Comunidad de Madrid, ni desde la Sareb, que podría ser propietario del inmueble, quieren saber nada".

El portavoz de la formación, Jesús Saiz, ha pedido "la implicación de las administraciones superiores" para que "se garantice la seguridad de los vecinos y las vecinas de Parla".

En ese sentido, ha solicitado a la Sareb que "se haga cargo del inmueble" y a la Comunidad de Madrid e "dé una solución habitacional y social a las familias".