PP y Cs se oponen a que el director de la Oficina Antifraude informe al Pleno

La Junta de Gobierno se compromete a respetar la decisión consensuada del Pleno sobre el cambio de calles

Aprobada la bajada de precios en escuelas infantiles municipales

madrid

| 28.02.2017 - 14:16 h

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El PP y Ciudadanos se han opuesto hoy a una modificación normativa aprobada por el PSOE y Ahora Madrid para que el futuro director de la Oficina Antifraude pueda comparecer ante el Pleno, cosa que ahora solo está permitida a los ediles, ya que consideran que es un comisario político del Gobierno municipal.

Tras un tenso debate, el PSOE y Ahora Madrid han aprobado hoy cambiar el reglamento del Pleno para permitir que el director de este organismo pueda comparecer ante el Pleno cada seis meses para "informar" a los ediles de la actividad de este organismo, algo que las normas actuales impedían y que no puede hacer ninguna otra persona que no sea concejal.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en diciembre la creación de la oficina antifraude municipal con los votos a favor de PSOE y Ahora Madrid y la oposición de PP y Ciudadanos (C's), que denunciaron que su director sería un nombramiento político y consideraron que iba a perseguir y vulnerar la intimidad de los empleados públicos.

"Si nos da miedo que comparezca el director es porque lo nombran ustedes", ha reprochado en el Pleno la edil de Ciudadanos Silvia Saavedra, que ha recordado que este cargo podrá ser nombrado por mayoría absoluta y no con "mayoría de tres quintos" como sucede en otros casos como el de Defensor del Pueblo.

"Por supuesto que queremos que se investigue todo tipo de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, pero ustedes no quieren unidad, quieren pactar con sus 'socios' de Gobierno", ha dicho la edil de Ciudadanos a los socialistas.

Por parte del PP, el edil Percival Manglano ha asegurado que con este cambio el PSOE y Ahora Madrid lo que quieren es "darle visibilidad" a su "agente político", un puesto que en ningún momento será independiente porque podrá ser elegido por ambos grupos.

"La nueva definición de independencia es haber sido cargo del PSOE", ha ironizado el edil popular, en referencia a la elección de la socialista Paca Sauquillo para el comisionado de Memoria Histórica.

Además, el popular ha asegurado que el director de la oficina no fiscalizará la acción del Gobierno actual sino la de los anteriores.

Tanto la portavoz socialista, Purificación Causapié, como el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, han rechazado las críticas de la oposición y han considerado importante que el director de esta oficina que controlará que no se producen fraudes en la administración municipal tenga la posibilidad de informar al Pleno de sus investigaciones.

MEMORIA HISTORICA

Por otra parte, el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, ha acusado al PP de pretender que el Gobierno municipal se declare insumiso en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica mientras que la concejala del PP Isabel Rosell ha contestado que en Ahora Madrid están en guerra interna por el callejero.

Los votos de Ahora Madrid y PSOE han sacado adelante la proposición de la Junta de Gobierno, con el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos, para aprobar la modificación parcial de la ordenanza de denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, edificios y monumentos.

El tercer teniente de alcalde de Madrid, Mauricio Valiente, se ha comprometido a que la Junta de Gobierno ratificará los acuerdos sobre aplicación de la ley de memoria histórica en el callejero que se aprueben en el Pleno. Según la Ley de Capitalidad es la Junta de Gobierno quien tiene la última palabra.

"Lo que apruebe el Pleno lo va a respetar la Junta de Gobierno porque ese consenso que buscamos desde el inicio tiene que recogerse en la votación que se produzca en el Pleno. Aunque la Ley de Capitalidad nos obliga a que este proceso culmine en la Junta de Gobierno, nuestro compromiso es que se respete lo que decida el Pleno", ha subrayado el tercer teniente de alcalde.

La edil de Ciudadanos Sofía Miranda ha lamentado vivir en el "día de la marmota" al considerar, parafraseando los comentarios de vecinos en el portal municipal, que éste no debería ser un asunto prioritario para el Ayuntamiento.

"Quiero que se cumpla la ley, ésta y todas, pero le recrimino sus palabras en comisión sobre que estoy cómoda con el callejero franquista. Usted (a Valiente) está cómodo con la división, usted tiene sus motivos y no es el cumplimiento de la ley", ha lanzado después de apostillar que con este proceso se añade complicaciones a un proceso ya farragoso en sí. Valiente le ha contestado que él no está cómodo con el callejero franquista y que cree que "por imperativo ético" hay que acabar con esta "sinrazón".

La socialista Mar Espinar ha defendido que la Ley de Memoria Histórica busca la justicia, un concepto que debe unir a todos. La edil ha defendido la enmienda del PSOE, aceptada, para que la proposición del comisionado no llegue sólo al concejal-presidente sino a todos los grupos que conforman las juntas.

La popular Isabel Rosell ha criticado que en junio se aprobó en Pleno una proposición de su grupo para devolver al Pleno la competencia en los cambios del callejero pero Ahora Madrid "la conserva en la Junta de Gobierno". "Es un comportamiento antidemocrático de este gobierno, que convierte acuerdos plenarios en sugerencias", ha reprochado.

BAJADA DE PRECIOS ESCUELAS INFANTILES

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la bajada de precios en dos de sus escuelas infantiles de gestión directa para el próximo curso, cuando eliminarán el suplemento de 48 euros para todos los bebés de menos de un año y bajarán las cuotas en todos los rangos de ingresos.

Con los votos a favor de Ahora Madrid, el PSOE-M y Ciudadanos (C's) las escuelas infantiles tendrán un coste máximo de 300 euros mensuales para niños que reciban todos los servicios (incluidos el comedor o la permanencia de más horas en el centro de las habituales).

La tabla de precios recoge una rebaja de 218 a 174 euros (un 16,35 %) de mensualidad para aquellas familias que más pagan: las que tienen una renta per cápita superior a 25.725 euros.