A pesar de toda la violencia destada tras la Marcha de la Dignidad, ni el PSOE ni Izquierda Unida han condenado los actos que se produjeron al final de la manifestación. Incluso han llegado a solicitar la liberación de los detenidos.
Los disturbios comenzaron cuando varios participantes arrojaron botellas, piedras y petardos a la Policía, que intentaba entrar con furgones en la plaza de Colón de Madrid después de cerrar la calle de Génova con vallas para proteger la sede del PP.
Tras esta intervención, algunos de los participantes en la manifestación montaron barricadas en los laterales del paseo de Recoletos con contenedores de basura al mismo tiempo que en el centro de la calzada un grupo de personas volvió a arrojar piedras, adoquines y botellas a los policías para hacerles retroceder.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha instado hoy a los colectivos organizadores de la Marcha de la Dignidad a "condenar los actos violentos" que tuvieron lugar ayer tras la manifestación en las calles aledañas a la Plaza de Colón.
"Es una pena que una manifestación pacífica, como la de ayer, termine con actos violentos", ha lamentado Cifuentes, quien ha confesado a los medios que "no había visto antes en ninguna manifestación una violencia así".
Cifuentes ha confirmado que los informes policiales previos a la manifestación "advertían de la presencia de elementos radicales de ultraizquierda muy violentos que podían provocar este tipo de incidentes", sin embargo, ha admitido que prever estos incidentes en una manifestación tan numerosa "es casi imposible".
El coordinador general de IU de la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, ha acusado hoy a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, de emplear a las fuerzas de seguridad como "ariete" contra el "conflicto social", tras la detención de 24 personas en Madrid el sábado tras las 'Marchas de la dignidad'.
Sánchez ha criticado la "dureza" del dispositivo policial desplegado con motivo de la protesta y expresado su preocupación por la "deriva autoritaria" de "ciertos responsables públicos". Ha denunciado que la "respuesta" del Partido Popular a las movilizaciones sociales ante los recortes está siendo convertir Madrid en un "estado de sitio", una política que, en su opinión, "solo va a generar más conflictividad social".
Por último, Sánchez ha sostenido que la Constitución consagra del derecho de reunión y manifestación y que violentar estos derechos es situarse en los márgenes del estado de derecho.
