La dirección de Metro de Madrid no tiene intención de retirar la demanda que ha interpuesto contra los sindicatos convocantes de la huelga el pasado junio y niega que su decisión suponga una ruptura de las relaciones laborales y del acuerdo alcanzado entre las partes el pasado 17 de julio.
Así lo ha manifestado a Efe un portavoz de la compañía metropolitana, que ha informado de que representantes sindicales y de la dirección del suburbano se encuentran reunidos, a petición de los primeros, desde las 12.15 horas.
Es previsible que en este encuentro los representantes de los trabajadores exijan a Metro de Madrid que retire la demanda en la que pide que se reconozca como "ilegal" la huelga de los días 29 y 30 de junio por incumplimiento de los servicios mínimos establecidos, y una indemnización de 6,5 millones de euros por los "daños y perjuicios" derivados del paro.
La dirección de la empresa, sin embargo, "quiere mantener" la demanda y el acto de conciliación, cuya celebración está prevista para el próximo 30 de agosto en la Dirección General de Trabajo.
Asegura, además, que "en ningún momento" la decisión de presentar esta demanda supone una ruptura de las relaciones laborales y del acuerdo alcanzado el 17 de julio por el que las retribuciones salariales de los trabajadores de Metro se reducían un uno por ciento.
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha defendido hoy que los ciudadanos "no son rehenes de nadie" y que la libertad de los trabajadores a la hora de exigir sus derechos tiene que "acompasarse" con la libertad de los ciudadanos.
A su juicio, en una huelga es "fundamental que quede claro" que tiene que haber un servicio a los ciudadanos y "un respeto" por parte de los trabajadores a los servicios mínimos establecidos.
En consecuencia, ha continuado, "si la huelga es ilegal y ha traído perjuicios al conjunto de los ciudadanos se debe llevar a cabo una indemnización a la empresa que ha sufrido los perjuicios" del paro.
Para el titular regional de Economía "la clave" consiste en conseguir un pronunciamiento judicial por el que "no se pueda tomar de rehén" a los ciudadanos para conseguir un beneficio social "por muy legítimo que sea ese beneficio".
Una huelga que no siga estos preceptos es "salvaje", y las "huelgas salvajes e ilegales son inadmisibles porque van en contra del Estado de Derecho", ha concluido Beteta.
