Mas de siete mil menores han sido víctimas de algún delito el año pasado. El robo es el más habitual. A seis de cada diez menores sus iguales les han sustraido ropa, moviles o consolas . Son datos dados a conocer en la firma del Protocolo de atención a los menores víctimas de malos tratos.
Lo ha elaborado Delegación del Gobierno, Comunidad, Ayuntamientos, Defensor del Menor e Instituciones Judiciales. Ofrece pautas claras, concisas y consensuadas de actuar en caso de maltrato para evitar la rectimización de los menores.
En 2010, 42 sufrieron abusos sexuales y 122 malos tratos en el ambito familiar. El Protocolo incluye el maltrato prenatal y el acoso a través de las nuevas tecnologias, tales como el ‘ciberbulling’ o el ‘grooming’.
A este respecto, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, ha señalado que “la intervención de los poderes públicos ante un supuesto de
maltrato resulta prioritaria y exige la existencia de unas pautas claras y concisas que permitan a cada agente implicado actuar de la forma más ágil y adecuada posible, con un claro objetivo común: ofrecer a los menores que sean víctimas de malos tratos, la protección y atención necesaria y con la inmediatez que exige una situación de estas características. Dada la multiplicidad de actores implicados en este ámbito, este protocolo se configura como una útil y sencilla herramienta que va a permitir optimizar nuestra coordinación y clarificar y precisar las competencias concretas que cada institución tiene atribuidas”.
La delegada del Gobierno ha señalado que todos los delitos son "repugnantes", pero especialmente aquellos que atentan contra los niños o jóvenes. Por ello, ha destacado la importancia de este acuerdo, que supone "reforzar esa coordinación para proteger más y mejor a los menores" y que "quede fijado qué es lo que tiene que hacer cada institución".
En cualquier caso, ha asegurado Valcarce que el objetivo prioritario es la detección temprana de los casos de maltrato, ya que muchas veces o no se cogen a tiempo o se desconocen por la imposibilidad de los menores de denunciar la situación.
