El Gobierno de Madrid ha defendido su plan para que los ayuntamientos puedan solicitar desempleados que cobren prestación para realizar obras y servicios, una medida que ha sido criticada por la oposición porque no contempla retribuciones específicas, así como por los sindicatos, que estudian su legalidad.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha asegurado que el llamado programa de recualificación profesional está amparado por un decreto aprobado en 1982 e impulsado por los socialistas en el Gobierno.
La consejera madrileña de Empleo, Ana Isabel Mariño, ha asegurado hoy que el plan de recualificación de desempleados en trabajos temporales de colaboración social de esta Comunidad se basa en "un decreto socialista que han aplicado desde (José Luis Rodríguez) Zapatero hasta Andalucía o Cataluña".
"No alcanzo a entender qué es lo que está ocurriendo", ha dicho Mariño durante su asistencia al foro de emprendedores del diario La Razón al ser preguntada por la Orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) por la que los desempleados que cobren prestaciones podrán trabajar para los ayuntamientos.
Ha insistido en que el Gobierno de Ignacio González trabaja "por y para todos los parados" de la región, y ha reconocido que no comprende por qué los sindicatos y los partidos de izquierda denuncian y critican un decreto aprobado hace 30 años.
"No puedo entender cómo los sindicatos o la izquierda en general, hasta ahora, no han puesto ninguna pega a un decreto que lleva aprobado desde 1982; es un decreto socialista que han aplicado desde (José Luis Rodríguez) Zapatero hasta Andalucía o Cataluña", ha asegurado.
Tampoco entiende la consejera qué "problema hay" con que la Comunidad de Madrid potencie la recualificación de los trabajadores, perciban o no prestaciones o subvenciones.
CRITICAS
El Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) publicó ayer la Orden de la Consejería de Empleo por la que se regulan las subvenciones para la colaboración con los ayuntamientos en este programa, por el que pueden solicitar hasta un centenar de desempleados que cobren prestación para realizar obras y servicios.
Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, creen que la medida anunciada por la Comunidad de Madrid de recurrir a parados con prestaciones para realizar trabajos municipales no remunerados es "un atropello a los derechos" de los ciudadanos, y han avisado de que estudiarán "con lupa" la legalidad de esta decisión.
La secretaria de Políticas de Empleo de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, ha denunciado que se trata de "una nueva medida" del Gobierno de Ignacio González que discrimina a los desempleados sin ayudas y "pone en grave riesgo" la estabilidad del empleo en las administraciones locales.
El coordinador general de IU-CM, Eddy Sánchez, ha opinado este miércoles que la "colaboración social" de los parados en ayuntamientos es en realidad "esclavismo".
Desde la Comunidad, Mariño ha subrayado que el Gobierno regional se ha fijado como objetivo que "todos" los desempleados madrileños -cobren o no prestación- retornen al mundo laboral, y ha defendido este plan de colaboración social por el que los parados trabajarán un máximo de seis meses en una jornada laboral de ocho horas incluida la formación.
Ha recordado que el Plan de Empleo de la Comunidad anunciado el pasado mes de febrero está dotado con 168 millones de euros e incluye una treintena de medidas dirigidas a los parados madrileños.
Una de esas medidas es la referida al fomento de la recualificación de las personas que cobran subsidio o prestación y "nace enmarcada -ha dicho hoy- en un programa de colaboración social que aprobó un gobierno de izquierdas y que, hasta ahora, nadie ha criticado, nadie ha puesto ninguna pega".
A su juicio, el programa está siendo un éxito en los municipios donde se ha aplicado hasta ahora y existe una "fuerte demanda", como ocurre en Móstoles, donde hay una lista de espera de un centenar de desempleados, según fuentes municipales.
Asegura, por ello, que no entiende "cómo los sindicatos, si trabajan de forma tan considerable a favor de los desempleados, se oponen a que haya programas de recualificación" en esta región, cuyo Gobierno se ha fijado como objetivo que los desempleados trabajen, "los que cobran y los que no".
"De este objetivo, pese a quien pese, no me van a apear", ha sentenciado Mariño, que ha precisado que los 15 millones de euros que se destinarán a las corporaciones locales servirán para "recualificar" y conseguir que los desempleados no se "anquilosen" y puedan retornar al mercado laboral.
Mariño ha puntualizado que esas personas siguen figurando como demandantes de trabajo en las Oficinas de Empleo de manera que, si en el tiempo en que colaboran en los ayuntamientos -seis meses como máximo- surgiera algún puesto adecuado a su perfil, se les llamaría para incorporarse lo mismo que a cualquier otro desempleado que figure en las estadísticas oficiales.
Ha recalcado que se trata de un programa de "recualificación" que "en nada tiene que ver con el empleo público ni con la economía sumergida" y que es "perfectamente legal".
Mariño ha comentado además que el plan está diseñado especialmente para pequeños municipios, al ser los que tienen más necesidades de trabajadores para obras y servicios "temporales y específicas" y que la subvención que da la Comunidad es la misma, independientemente del número de habitantes que tenga la localidad.
