El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy con los votos del PP y el rechazo del PSOE e IU la participación del municipio en el futuro modelo de gestión privatizada del Canal de Isabel II.
También ha aprobado con la misma votación el Convenio relativo a la "Gestión del Servicio de reutilización de las Aguas depuradas entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II", por el que el Ayuntamiento cede la gestión de la red de agua regenerada y su uso a cambio de una contraprestación de 189 millones de euros sin ceder la titularidad de las instalaciones.
El delegado de Hacienda, Juan Bravo, ha dicho que el nuevo convenio entre la Comunidad, el Canal y el Ayuntamiento para la incorporación del municipio al futuro modelo de gestión de la empresa era necesario porque la nueva forma de gestión "no permite una simple prorroga" del convenio vigente desde 2005.
Con este convenio, ha indicado, el Ayuntamiento encomienda la gestión del agua en la ciudad al Canal durante 50 años a cambio del 10% del accionariado de la nueva sociedad, lo que le permitirá recibir los correspondientes dividendos; "así de simple y sencillo", ha subrayado.
Bravo ha recordado que en sus 150 años de historia el Canal de Isabel II "no siempre ha sido público" y eso "no ha supuesto ningún riesgo ni pone en peligro el servicio público que ha venido prestando el Canal".
En defensa de la decisión adoptada, Bravo ha manifestado que el Ayuntamiento no puede impedir a la Comunidad tomar esa decisión, que "es legítima y es legal".
El Ayuntamiento, ha afirmado, puede hacer tres cosas, la primera decir que no está de acuerdo con que el Canal preste el servicio de distribución de agua y lo saque a un nuevo concurso para adjudicarlo a una empresa privada nacional o internacional y la segunda crear otra empresa pública, aunque eso significaría duplicar estructuras. La tercera, la adoptada, es "seguir como hasta ahora", prorrogando la encomienda de gestión por otros 50 años, aunque fijando un precio al ser ahora una gestión privada que reparte dividendos en lugar de reinvertir los beneficios en el propio servicio.
Esta política, según el responsable de Hacienda, es la que ha supuesto para el Ayuntamiento y para los madrileños 1.114 millones de euros de ingresos con cargo a los convenios firmados, unos ingresos a los que no cree que renuncien en el futuro los ayuntamientos gobernados por el PSOE.
PSOE E IU EN CONTRA
El concejal socialista Pablo García Rojo, que ha dicho que esos más de 1.000 millones es lo que "le pone" al delegado de Hacienda, ha opinado que esta "imposición" de la Comunidad de Madrid supondrá la "privatización del patrimonio del Canal de Isabel II y de un bien esencial, limitado y escaso, el agua, que se comercializa en un mercado cautivo".
Es, en definitiva, ha dicho García Rojo, "una nueva operación de maquillaje y de ingeniería financiera de la Comunidad de Madrid para atajar su deuda" y "un negocio redondo para la sociedad mercantil en que se pretende convertir al Canal de Isabel II". Una "nueva aventura financiera del la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid" a la que "pondrá fin", a su juicio, el gobierno autonómico del socialista Tomás Gómez.
Por su parte, la edil de IU Raquel López ha declarado que con este acuerdo la capital participa en el "reparto de una tarta que no es de la Comunidad ni del Ayuntamiento sino de los madrileños" y que se produce en el marco del "expolio y desmembramiento" del patrimonio público regional y municipal que se lleva a cabo, ha señalado, en los últimos 20 años. Para López también se trata de un "negocio redondo" para las empresas privadas, que tendrán "clientes fijos, infraestructuras ya construidas y materia prima procedente de las nubes".
