El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, ha avanzado este miércoles durante el Pleno municipal que su Grupo presentará una propuesta para integrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que tenga en cuenta la capacidad de renta de cada contribuyente sin perjudicar a la recaudación.
Según el edil, la idea sería adjudicar a cada inmueble una renta teórica, adicional a la que hoy se aplica exclusivamente en IRPF a los inmuebles no arrendados y que no sea la vivienda habitual. Cada ayuntamiento podría después aplicar un gravamen a los inmuebles (fijando una horquilla de mínimo y máximo), y el importe sería retenido de forma mensual con el IRPF. "Esta renta teórica de cada inmueble podría ser gravada, por ejemplo, al tipo medio del IRPF del contribuyente y el importe resultante iría destinado en su integridad al municipio correspondiente; o, si se prefiere, podría gravarse con una tarifa especial", ha puntualizado Bravo.
Así, se tendría en cuenta la capacidad económica, nivel de ingresos y circunstancias personales y familiares de los contribuyentes, sin perder capacidad de recaudación, ya que las personas jurídicas quedarían fuera de esta modificación, con lo que los cobros del IBI a grandes empresas no se vería alterado.
Además, la medida permitiría ahorrar costes de gestión, se integraría el IBI en "un tributo que tiene en cuenta la capacidad económica y circunstancias personales y familiares" de cada contribuyente, y se mejoraría la tesorería mensual de los municipios, además de disminuirse la presión fiscal indirecta. Asimismo, se facilitaría el pago al ciudadano, al hacerse vía retención. "No hay nada más justo que esto", ha zanjado Bravo, que ha manifestado su satisfacción con la buena acogida que esta propuesta ha tenido en las filas de IU, cuyo portavoz en materia de Hacienda, Jorge García Castaño, ha aplaudido la posibilidad de estudiar esta línea de trabajo que podría permitir "recaudar más y más justamente".
CUMPLIR CON LA SUBIDA DEL IBI
Por otra parte, Bravo también ha tenido que defender la subida del IBI a través del incremento del valor catastral que se verificará en la capital a partir del próximo ejercicio. Así, ha recordado que tras diez años desde la entrada en vigor de la última ponencia de valores, es "obligatorio" para todos los consistorios acometer la revisión, y ha señalado que el incumplimiento de esta obligación por parte de otras corporaciones, "con la pasividad de la Dirección General del Catastro, no es problema de este Ayuntamiento".
RECHAZO DE LA OPOSICION
Sin embargo, los tres grupos de la oposición se han manifestado en contra de la subida del IBI. Así, la portavoz socialista en la materia, Noelia Martínez, ha pedido la "paralización" de la revisión de valores y ha exigido a Bravo que asuma su "responsabilidad" con respecto a la "elevada presión impositiva a los madrileños", ya que "es potestad del Ayuntamiento solicitar tras diez años" la revisión de los valores.
Por su parte, Castaño ha considerado que "congelar el IBI supone menguar los recursos para el Ayuntamiento, beneficiando más a quienes más tienen, que dejarían de pagar tanto", por lo que ha reclamado "bonificaciones durante los tres primeros años de la reforma", así como "subvenciones directas para las rentas más bajas y los sectores más vulnerables, compensando los ingresos mediante un incremento del tipo para otros usos no residenciales"."Se trata de buscar fórmulas que intenten que el impacto de la subida lo sufran menos los sectores más vulnerables mientras sube la recaudación para el Ayuntamiento", ha insistido.
Por último, el portavoz de UPyD, David Ortega, ha considerado que "no es aceptable" que el IBI se haya "multiplicado por cinco" y la presión fiscal que sufren los madrileños haya crecido un "500%", por lo que ha propuesto la "congelación del IBI" mediante la congelación o reducción del tipo impositivo.
UNANIMIDAD PARA PEDIR AL GOBIERNO UNA NUEVA FINANCIACIÓN
Paralelamente, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad una proposición de Izquierda Unida para pedir al Gobierno que ponga en marcha un nuevo modelo de financiación local y a la Comunidad que convoque la Comisión Sectorial Especial prevista en la Ley de Desarrollo del Pacto Local.
El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Ángel Pérez, ha defendido que el actual sistema de financiación local está "agotado" y es "incapaz de atender las necesidades de financiación para la prestación de nuevos servicios", especialmente ligados a la Ley de Dependencia. El delegado de Hacienda, Juan Bravo, ha recordado que el Pleno del Ayuntamiento ha reiterado peticiones similares desde febrero de 2009 siempre con los votos del PP e IU y casi siempre con el rechazo del PSOE.
Lo que necesita Madrid y el resto de ayuntamiento, según Bravo, son más recursos desde la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y modificar el marco fiscal que establece la Ley de Haciendas Locales para dar más margen de decisión a los municipios.
El portavoz del PSOE, Jaime Lissavetzky, ha criticado que Bravo haya recordado los votos contrarios de su Grupo a anteriores iniciativas similares y ha vuelto a tender la mano al Gobierno municipal para tratar de solucionar los problemas económicos de la ciudad.
LÍNEAS DE CRÉDITOS ICO
Por otro lado, el delegado madrileño de Hacienda, Juan Bravo, ha anunciado que el Ayuntamiento volverá a aprobar, previsiblemente el mes que viene, sus planes Económico Financiero y de Saneamiento tras el anuncio del presidente del Gobierno de poner en marcha una línea de crédito ICO para las entidades locales. José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer en el Debate sobre el estado de la Nación la puesta en marcha de una línea de crédito ICO a las entidades locales para el pago de facturas pendientes a 31 de abril de 2011 a empresas y autónomos.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de la entidad colaboradora oportuna, hará el pago directamente a los proveedores de las empresas de aquellas facturas reconocidas por el ayuntamiento incluidas en la línea de crédito. El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25% de la participación de la entidad local en los tributos del estado, que constituirá la garantía final del préstamo.
