El Ayuntamiento de Madrid abrirá este 1 de abril y durante un año el proceso de regularización del catastro para incorporar nuevas construcciones, reformas y rehabilitaciones no declaradas con el objetivo de luchar contra el fraude y garantizar la equitativa distribución de los impuestos. Tras la Junta de Gobierno, la portavoz Rita Maestre ha recordado que el pleno municipal del pasado 30 de septiembre aprobó acometer esta regularización, que se desarrollará a través de un convenio con el Ministerio de Hacienda.
Maestre ha indicado que el proceso no implicará la imposición de sanciones -pero sí el pago de una tasa de 60 euros- en los casos de bienes y reformas no debidamente declarados pero que cumplen la ley. Solo afectará a inmuebles que no estén adecuadamente incluidos en el catastro y se sustanciará en inspecciones de oficio que analizarán todos los edificios de la ciudad, a través de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda, para lo cual se contará con fotografías aéreas, entre otros medios.
La colaboración entre el Ayuntamiento y Hacienda ha permitido incorporar a este censo en la última década más de 140.000 inmuebles omitidos o incorrectamente catastrados. El proceso "no supone una nueva revisión de los valores catastrales" sino solo una adecuación de estos al nuevo estado del inmueble, según el Ayuntamiento, ya que los inmuebles regularizados se valoran de acuerdo con la Ponencia de Valores vigente en el municipio de Madrid.
Como resultado de ello, la Dirección General del Catastro, dependiente del ministerio, asigna "un nuevo valor catastral que se corresponda con la situación real del inmueble". La revisión del valor de estos inmuebles tiene efecto desde la fecha en que se realizó la obra nueva o la modificación que no se declaró, por lo que, cuando proceda, "se liquidarán los atrasos pertinentes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles" (IBI), explica el consistorio.
Madrid se incorpora así al plan estatal de regularización catastral 2016, publicado en el BOE del pasado 31 de marzo, con lo que se da continuidad a la lucha contra el fraude que realiza la Agencia Tributaria de Madrid desde 2004.
