Madrid abre a consulta su modelo de gobernanza pública participada

La cesión de espacios o la cogestión con la iniciativa social de instalaciones deportivas de proximidad "se potenciarán"

Madrid agranda las juntas de distrito con 208 nuevos empleados

madrid

| 02.11.2017 - 14:32 h
REDACCIÓN

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El Ayuntamiento de Madrid abre el proceso de consulta pública previa de la futura ordenanza de cooperación público-social con la que, siguiendo la estela de ciudades como Nueva York, Londres, París, Ontario, Amsterdam o Bolonia, además de iniciativas que ya se dan en la ciudad, incorpora al tejido social a la gestión de las políticas públicas. Con este proyecto de ordenanza se busca un espacio de colaboración regulada para la iniciativa social ya existente en la ciudad potenciando la participación de las entidades sociales en las políticas públicas y en su innovación para poder dar respuesta a nuevas actividades que cubran los retos de la sociedad actual, explican desde el Ayuntamiento.

El nuevo texto normativo regulará formas de colaboración ya habituales en Madrid desde hace décadas como, por ejemplo, los procesos de remodelación de barrios o la conversión de la pradera de Pradolongo en parque a través de un proceso de participación ciudadana para su diseño en el que el Ayuntamiento costeó una encuesta elaborada por el vecindario. Los dos ejemplos son de finales de la década de los 70.

Otras actuaciones en marcha en este momento propias de este tipo de cooperación entre el Ayuntamiento y el tejido social, y que ahora se potenciarán y quedarán reguladas con la "máxima transparencia "en su gestión son la cesión de espacios para el desarrollo de proyectos que complementan la actividad municipal, cuyas directrices se incorporarán al texto definitivo de la ordenanza, y la cogestión de edificios públicos, como las instalaciones deportivas de proximidad.

También se incluyen los proyectos cooperativos potenciados a través del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), con una dotación de 76 millones de euros en los presupuestos de 2017, entre los que se pueden citar los Equipos de Actuación Distrital.

NO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

El modelo de cooperación público-social que se presenta en la ordenanza no podrá ser utilizado para la prestación de servicios públicos ni para su privatización. Además se pretende incorporar los concursos de ideas para encontrar nuevas soluciones a nuevos problemas en procesos de innovación social.

La Junta de Gobierno de este jueves aprobará someter a consulta pública previa la propuesta de proyecto de ordenanza tras el trabajo realizado con el tejido asociativo por el área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, con Nacho Murgui al frente, en la elaboración de un borrador.

Con la futura ordenanza el Gobierno municipal implementará este modelo de gobernanza en el que incorpora a la ciudadanía en la resolución de los retos de Madrid y lo hará bajo varias fórmulas: proyectos conjuntos desarrollados entre el Gobierno y entidades, actividades de innovación social, inversiones vía presupuesto municipal en la ciudadanía organizada o generación de conocimiento

útil compartido entre los diferentes agentes que intervienen en la ciudad.

BORRADOR ELABORADO CON EL TEJIDO ASOCIATIVO

El borrador del proyecto de ordenanza ha sido elaborado contando con la participación del Consejo Coordinador de los Distritos, el tejido asociativo de la ciudad y el Consejo Sectorial de Asociaciones. Ya fue presentado y explicado a entidades, asociaciones e iniciativas ciudadanas madrileñas en junio y septiembre para incorporar aportaciones y propuestas de mejora, además de ampliar así cauces y plazo de participación en la elaboración de la normativa municipal que ahora se somete a consulta pública. El plazo de consulta pública previa de la propuesta del proyecto de ordenanza es de quince días naturales desde su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento (BOAM). La consulta estará disponible on-line el próximo lunes 6 de noviembre.

Son cinco las preguntas de la consulta pública. Arrancan con la consideración que le merece al ciudadano la puesta en marcha de una ordenanza que promueve distintas formas de colaboración entre ciudadanía y entidades y colectivos sin ánimo de lucro con el Ayuntamiento de Madrid. La segunda pregunta pide opinión sobre los requisitos que se exigen a las entidades y colectivos ciudadanos para promover actividades de cooperación público social.

Qué opinión merecen los instrumentos de cooperación público-social previstos en la ordenanza (convenios de colaboración, subvenciones, beneficios fiscales, de gestión patrimonial, premios) es la tercera pregunta del cuestionario. La cuarta se centra en el procedimiento para la selección de actividades de cooperación público social a realizar por entidades y colectivos ciudadanos, para acabar con las sugerencias para mejorar el texto.

208 NUEVOS EMPLEOS EN LAS JUNTAS DE DISTRITO

El Ayuntamiento de Madrid va acometer una reorganización de las juntas municipales de distrito, que sumarán 208 empleados procedentes de otros departamentos, en lo que según el gobierno de Manuela Carmena supone la reorganización más importante desde 2004 y un nuevo paso hacia la "descentralización". Así lo ha expuesto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el delegado de Coordinación Territorial y Colaboración Público-Social, Nacho Murgui, que ha estado acompañado por la portavoz municipal, Rita Maestre, y los concejales Pablo Soto y Mauricio Valiente.

Esta remodelación implicará la creación de un nuevo servicio de atención al ciudadano, un refuerzo de los servicios sociales y de la gestión de las actividades deportivas y conllevará el traslado de 208 trabajadores desde las áreas a los distritos, ya pactado con la mesa de negociación de los empleados públicos. "Se trata de un sistema de descentralización, no de crecimiento", ha expuesto el delegado Nacho Murgui, quien, en referencia al límite estatal a la contratación pública, ha dicho que el Ayuntamiento tiene que efectuar este cambio "dentro de la normativa vigente".

El último gran movimiento de trabajadores en sentido contrario se produjo en 2010, cuando se trasladó a más de 100 empleados desde los distritos a la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA).