Los tribunales no suspenden la inmovilización de crédito que Hacienda pidió a Carmena

El Ayuntamiento espera que el Tribunal Superior estime el fondo de su recurso a Hacienda

Manuela Carmena en el debate del estado de la ciudad

madrid

| 22.06.2017 - 12:54 h

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha suspendido cautelarmente, como pedía el Ayuntamiento de Madrid, el requerimiento hecho por el Ministerio de Hacienda al Gobierno municipal de Manuela Carmena para inmovilizar 238 millones de euros por el incumplimiento del techo de gasto en 2016. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM argumenta que de aceptarse la petición "se estaría de hecho anticipando la estimación del recurso", de acuerdo a la jurisprudencia, según ha indicado hoy este tribunal en el comunicado .

Tras inmovilizar los 238 millones exigidos por el Ministerio de Cristóbal Montoro, el Consistorio madrileño recurrió ante el TSJM la resolución alegando "indefensión jurídica" y pidió que su aplicación se suspendiese de forma cautelar. En el auto judicial, dictado ayer, se indica asimismo que el Ayuntamiento no ha acreditado de forma suficiente la existencia de los daños y perjuicios de orden económico de difícil o imposible reparación que quiere evitar.

"Los elementos de prueba que aporta a tal objeto no resultan suficientes para establecer la certeza, aún de forma indiciaria, de dicha alegación", pues no acredita que la resolución de Hacienda coloque al Ayuntamiento "en una grave situación de insolvencia que comprometiese la continuidad de su actividad económica", asegura el auto.

El TSJM considera que el Ayuntamiento no ha hecho sus alegaciones en forma correcta al entender que en "su profusa solicitud" se centra en "adelantar argumentos y alegaciones de fondo" de su recurso contencioso-administrativo y no en sustentar la pertinencia de la medida cautelar.

Madrid incumplió en 2016 la regla de gasto en 233 millones, por lo que estaba obligado por la ley de estabilidad presupuestaria a aprobar un plan económico financiero (PEF) para mostrar su solvencia, un plan que el Ministerio rechazó en abril.

El Gobierno de Manuela Carmena, con el apoyo del PSOE, había aprobado un PEF que, en lugar de proponer recortes, planteaba al Gobierno una interpretación alternativa de la regla de gasto y las normas de estabilidad presupuestaria y que el ministerio de Montoro rechazó.

Pese a recurrir las exigencias de Hacienda, el Ayuntamiento inmovilizó los 238 millones, que pretende compensar con la concesión de créditos por valor de 230 millones de euros provenientes del remanente de tesorería, que deben ser validados de forma definitiva en el próximo Pleno municipal.

La pasada semana, la alcaldesa Manuela Carmena aseguró que en caso de no ganar el recurso interpuesto en el TSJM el Consistorio acudirá al Tribunal Supremo. El Ayuntamiento argumenta que la regla de gasto es una interpretación de la ley de estabilidad y no una norma y aboga por un cálculo diferente.

EL AYUNTAMIENTO ESPERA QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR ESTIME EL FONDO DE SU RECURSO A HACIENDA

La portavoz del equipo de Gobierno de Manuela Carmena, Rita Maestre, ha dicho hoy que no se va a tomar "ninguna" medida tras desestimar un juez la petición de suspender la inmovilización de 238 millones de euros por incumplir la regla de gasto, y ha mostrado su confianza de que el TSJM estime el fondo del recurso. La portavoz municipal ha respondido de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no haya suspendido cautelarmente, como pedía el Ayuntamiento, el requerimiento hecho por el Ministerio de Hacienda al Gobierno municipal para inmovilizar 238 millones de euros por el incumplimiento del techo de gasto en 2016.

"Esperamos la estimación del recurso", ha dicho la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, una cuestión que requiere "más tiempo", y ha recordado que el Ayuntamiento ya ha acatado el requerimiento del Ministerio e inmovilizar los 238 millones de euros.

Rita Maestre ha recordado que no va a realizar ninguna medida excepcional porque la petición de las medidas cautelares no es incompatible con que se hagan los acuerdos de no disponibilidad.