Los rectores de las públicas critican el borrador de la Ley de Universidades

madrid

| 31.05.2017 - 14:59 h
REDACCIÓN

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Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas han emitido un informe crítico con el borrador de anteproyecto de la Ley del Espacio Superior Madrileño de Educación Superior (LEMES), que presenta "carencias e insuficiencias" y requiere "cambios sustanciales". Tras calificar de "iniciativa positiva" una ley que aborde la educación superior en Madrid, actualmente inexistente pero que ya tienen otras Comunidades Autónomas, los rectores desgranan "con espíritu constructivo" en un documento de 38 páginas las propuestas de inclusiones y modificaciones que estiman "necesarias".

La autonomía y financiación universitarias; la definición de servicio público universal; los requisitos para abrir nuevas universidades; la dotación de un sistema de becas y tasas de matrícula asequibles son algunos de los puntos de discordia, y los rectores piden "destinar el tiempo y esfuerzo necesarios" para consensuar una ley "con vocación de estabilidad en el tiempo".

En el borrador "no queda claramente definido" qué es servicio público universitario ni tampoco el concepto de "servicio universal, esto es, los servicios mínimos con calidad regulada", que debería ofertar una universidad en sus tres misiones: docencia, investigación e innovación y transferencia de conocimiento.

Esta definición, señalan, evitaría "el riesgo de considerar como tal a un modelo de 'academia' o 'college", carentes de investigación e innovación y transferencia.

Además, consideran que la Comunidad "no puede ejercer simultáneamente los papeles de regulador y prestador del mismo servicio, contrariamente a lo que manifiesta el preámbulo del anteproyecto".

Como en Madrid confluyen "prestadores del servicio" que son públicos, privados e incluso proceden de fuera de la región, la regulación del Espacio Madrileño de Educación Superior (EMES) es "una necesidad", pero creen que el anteproyecto se plantea "más como regulación de las universidades públicas que del servicio público universitario".

Así, apenas se incluye la investigación "como requisito cuando el sujeto prestador es de naturaleza privada o procedente del exterior" de la región, ni tampoco la innovación, la transferencia y la oferta de doctorado como componentes del servicio universitario, ya que el texto lo deja "en un simple nivel de promesa", sin aclarar qué ocurrirá si hay incumplimientos.

Para crear una nueva universidad, valdría con ofertar un mínimo de diez titulaciones de grado y máster, un número "claramente insuficiente" y no se aclaran ni la cifra de ramas o áreas de conocimiento ni tampoco las funciones del Consejo Asesor de Empleabilidad.

Las acreditaciones de las titulaciones por agencias de calidad extranjeras de prestigio "tampoco terminan en un reconocimiento vinculante" por la Comunidad, con lo que habría que "reacreditarse" por un organismo autonómico, critican.

El texto atribuye al Consejo Social competencias "de control sobre organismos autónomos de la Administración, cuya naturaleza nada tiene que ver con la de las universidades públicas", reabriéndose el debate sobre "el equilibrio en el que prevalece la autonomía universitaria en cada reorganización del sector público".

Por ello, los miembros de la Conferencia de Rectores de universidades madrileñas (Cruma) recomiendan "dejar fuera de la LEMES toda modificación relativa a los Consejos Sociales".

También piden "explicitar con claridad" que la financiación con cargo a los presupuestos autonómicos es "únicamente para las universidades públicas de Madrid".

En la "financiación básica u operativa", hay que definir qué conceptos engloba y piden partir de "una cuantía mínima inicial igual a la existente antes de los recortes de la crisis" y contemplar, además, un capítulo específico para inversiones.

Las mejoras realizadas por financiación variable se deberían "ir incorporando a su financiación básica u operativa, como consecuencia de los cambios estructurales producidos" por estas.

En la financiación por contratos-programa, "hay aspectos que deberían incluirse como financiación básica u operativa". Asimismo, en "financiación por incentivos", algunos criterios deberían pasar a financiación por contratos-programa.

Piden incluir en financiación básica el desarrollo de la carrera profesional para personal docente e investigador (PDI), de administración y servicios (PAS), y financiación de nuevas infraestructuras mediante inversiones. Además, hay que explicitar "la obligación de la Comunidad de mantener sus compromisos de financiación mediante convenios plurianuales" que den estabilidad y confianza a las universidades públicas, porque el texto "deja una puerta abierta a la Comunidad para incumplir dichos compromisos".

Sobre los "grupos y centros de alto rendimiento", no queda suficientemente establecida su dependencia orgánica de las universidades, y consideran una "contradicción" que tengan autonomía de funcionamiento y gestión -con personal propio- dentro del marco del estatuto universitario y de la LOU y la Ley de la Ciencia. También "es necesario" aclarar sus dotaciones presupuestarias y los procedimientos de transformación de los grupos y centros para ser de "alto rendimiento".

Piden aclarar las nuevas figuras como "profesor visitante doctor" con su acreditación y objetivos, dotación presupuestaria y procedimiento de convocatorias, que corresponde "únicamente a las universidades públicas por Ley Orgánica", mientras el borrador habla de "convocatorias autonómicas".

El borrador tampoco incluye "la dotación de un sistema de becas para los estudiantes, ni al establecimiento de tasas y precios públicos asequibles para el acceso y la continuación de la formación superior en sus diferentes niveles".

En materia de movilidad estudiantil, piden incluir "posibles fórmulas de reconocimiento de créditos entre titulaciones" de diferentes universidades.

"Consideramos necesario realizar las modificaciones expuestas", para lo que "ofrecemos nuestra colaboración a la CM para incorporar y concretar en el articulado los puntos mencionados anteriormente", añaden los rectores.

A su juicio, "todo el tiempo que ahora se emplee en mejorar y consensuar" el texto minimizará "los posibles errores - difícilmente corregibles a posteriori- que pudieran ser producto de una precipitación en los plazos".

Es la primera vez que se plantea una Ley de universidades madrileña y "es mucho lo que está en juego", para dotar la región de un "servicio universitario público de calidad, con marca internacionalmente reconocible y reconocida, que sirva de polo de atracción y conservación de talento en la movilidad propia de todo sistema universitario", concluye el comunicado de la Cruma.