Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han continuado este jueves, un día después de la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras once personas, los requerimientos de información en empresas vinculadas supuestamente con la 'Operación Lezo', entre ellas OHL, Indra, Saerco y Licuas, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Los requerimientos de información se han llevado a cabo por mandato del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Los agentes se han personado a las 9.20 horas en Torre Espacio, sede central de OHL, en el marco de un dispositivo discreto que también ha sido replicado en las oficinas de Indra, según confirman a Europa Press fuentes de esta compañía, que ha mostrado su "máximo grado de colaboración" con los investigadores de la UCO.
En febrero de 2016, el juez Velasco ordenó registrar el despacho y domicilio particular de Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP de Madrid, por las sospechas de financiación irregular de la formación. La constructora OHL emitió entonces un comunicado en el que negó haber efectuado pagos al Partido Popular. Este pronunciamiento se produjo un día después de que la Guardia Civil registrase varias dependencias de su consejero Javier López Madrid en el marco de una nueva fase de la denominada 'Operación Púnica', centrada en una presunta financiación del PP de Madrid.
Otra empresa a la que se ha reclamado información es Saerco, compañía madrileña especializada en servicios de navegación aérea que fue creada por Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y uno de los empresarios investigados en la 'Operación Lezo'.
Además, los agentes han pedido en la sede de la consultora PriceWaterhouseCooper (PWC) los contratos de esta compañía con Agencia de Informática y Comunicación del Gobierno autonómico.
El ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás es uno de los detenidos ayer en la operación Lezo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevada a cabo contra la posible corrupción en el Canal de Isabel II. Fuentes jurídicas han indicado a Efe que Nicolás fue arrestado en la tarde de ayer y se suma a los siete detenidos que permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos en espera de ser trasladados a la Audiencia Nacional. Precisamente José Martínez Nicolás fue imputado en el caso Púnica por presuntamente haber pagado 10.000 euros al "conseguidor" de esta trama, Alejando de Pedro, tras recibir supuestamente una orden por parte de la Consejería de Presidencia y Justicia madrileña cuando la dirigía Salvador Victoria.
En la operación han sido arrestados -además de Martínez Nicolás- el expresidente regional Ignacio González; su hermano Pablo, directivo de la empresa pública Mercasa, y su cuñado Juan José Caballero. También han sido detenidos Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica, y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal.
Los agentes de la UCO tratan de buscar, por orden del juez Eloy Velasco y de la Fiscalía Anticorrupción, indicios sobre el presunto enriquecimiento particular.
DECLARACIÓN DE LOS DETENIDOS
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco toma declaración esta tarde al exgerente del Canal de Isabel II Adrián Martín y a la ex directora financiera de la misma entidad María Fernanda Richmond, ambos detenidos en el marco de la 'operación Lezo'. Martín y Richmond son los primeros arrestados en la investigación que dirige Velasco en declarar en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II en la etapa en la que la entidad estuvo dirigida por el expresidente madrileño Ignacio González.
El propio González y las otras cinco personas que continúan detenidas en España -ya que otros dos supuestos implicados están arrestados en Latinoamérica-- prestarán declaración mañana, viernes, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
En el marco de la misma investigación, el magistrado ya ha tomado declaración esta mañana a dos investigados, el presidente y el director de 'La Razón', Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II.
CIFUENTES REMITE AL JUEZ SU DECLARACIÓN POR ESCRITO COMO TESTIGO EN LA 'OPERACIÓN LEZO'
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco su declaración por escrito como testigo en la 'Operación Lezo', sobre corrupción en la gestión del Canal Isabel II. Fuentes del Gobierno regional han confirmado que esta mañana a primera hora, como indicó el juez, ha quedado entregada la declaración que hizo Cifuentes desde su despacho una vez que el magistrado le entregara un cuestionario para rellenarlo.
El propio juez acudió ayer a la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, para hacer entrega del formulario, para después pasar cerca de una hora en la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad, donde tomó declaración al portavoz del Gobierno y presidente del Canal, Angel Garrido.
Ambos han tenido que prestar declaración en calidad de testigos después de que el año pasado enviaran un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional elaborado por el Canal donde se habrían detectado "anomalías" en operaciones de algunas filiales del Canal en América Latina.
