Velasco descarta imputar a Cifuentes por no tener relación con la financiación del PP

La UCO veía indicios de delito por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea

En los años 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández

Cifuentes fue presidenta de la mesa de contratación esos años

madrid

| 16.05.2017 - 15:17 h
REDACCIÓN

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, no tiene intención de proceder contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes porque no ha hallado pruebas de su participación en la financiación ilegal del PP de Madrid, pese a un informe de la UCO que pide que se la investigue, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

En dicho informe, la UCO ve indicios de delitos de cohecho y prevaricación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era presidenta de la mesa de contratación.

Las fuentes han resaltado que la UCO la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.

LA UCO VEÍA INDICIOS DE COHECHO Y MALVERSACIÓN

La Unidad Central Operativa (UCO) veía indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cristina Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en los que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudieron decidir "de antemano".

En un informe de la UCO de la Guardia Civil del pasado 1 de marzo que analiza exclusivamente estas adjudicaciones, al que ha tenido acceso Efe, se concluye que podrían estar amañadas y se denuncia el papel que tuvo en ellas Cifuentes, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el informe, los contratos de adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".

Entre las personas que formaron parte de ese comité y que la UCO menciona expresamente está Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) y que está sujeta a aforamiento actualmente.

El hecho de que Cifuentes fuera miembro del comité de expertos y que ejerciera como presidenta de la mesa de contratación es, dice el informe, una "circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación".

"La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria", añade. De esta manera, Cifuentes presidía las mesas de contratación a la vez que participaba como componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas de los licitadores, resume la UCO.

Resalta además la UCO que la empresa de Arturo Fernández también optó al servicio de cafetería de la Asamblea en 2006, pero no resultó ser adjudicataria. Arturo Fernández es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), un asunto por el que le preguntó el juez cuando le citó a declarar como imputado.

Dichos donativos (la UCO los cifra en 160.000 euros y el propio Fernández, ante el juez, los situó en 60.000) se produjeron en fechas próximas a la campaña electoral de 2007, concretamente en marzo de ese año.

Cuando se produjeron esas aportaciones de Fernández, Cifuentes era patrono de esa fundación, como destaca la UCO en otro informe del sumario, en el que resalta la "coincidencia" de ese cargo con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación cuando se efectuaron las aportaciones económicas.

Según la Guardia Civil, hay indicios por tanto de que se favoreció al Grupo Cantoblanco para que se alzase con la adjudicación de los contratos, en vista de esos "importantes" donativos que hizo el empresario a Fundescam, una fundación "directamente vinculada con el Partido Popular de Madrid" que sirvió para" financiar de manera encubierta" al mismo "para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización".