La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid ha presentado este jueves una queja ante el Defensor del Pueblo para pedir al Ayuntamiento de Madrid que "cumpla con sus obligaciones" y les facilite el contenido del expediente de constitución y cesión de la gestión de la Oficina de Intermediación Hipotecaria.
El coordinador de PAH, Luis Chamarro, ha señalado que la Oficina de Intermediación Hipotecaria "no tienen ningún sentida" y ha subrayado que encamina a la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria de todos los afectados que llegan a la oficina pidiendo ayuda.
"Nuestro objetivo es que se cumpla la ley europea respecto a las ejecuciones hipotecarias, la ley española del derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información y por supuesto cerrar la oficina que es absurda", ha subrayado Chamarro.
El coordinador de la plataforma ha señalado que hasta ahora no habían recibido ninguna respuesta por parte del Consistorio hasta esta mañana. "Nos hemos llevado una gran sorpresa. Esta mañana hemos recibido un certificado del Ayuntamiento en el que mienten y dicen que no existe expediente administrativo y se contradicen diciendo después que ya nos lo han mostrado en una de las reuniones", ha manifestado Chamarro.
"Vamos a seguir en la línea de defender nuestras viviendas y demostrar la actitud inaceptable que mantiene el Ayuntamiento. Son muchas los afectados por la hipoteca y no estamos dispuesto a que nos pisen nuestra dignidad", ha declarado el coordinador de la asociación.
EL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL APARCA LOS CAMBIOS EN LA EMVS
El equipo de Gobierno municipal, de Ahora Madrid, ha decidido retirar del orden del día del próximo Pleno los cambios en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) después de que Ganemos Madrid haya pedido quitar el requisito de no estar okupando una vivienda para poder solicitar otra. La portavoz municipal, Rita Maestre, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, a preguntas de los periodistas, que se retira ese punto porque es un "asunto complejo" sobre el que existen "muchas sensibilidades", "intereses" y "percepciones distintas", y se aparca con la idea de darse tiempo para llegar a un acuerdo.
La modificación del reglamento llevada a comisión introducía con respecto a la presentada inicialmente la modificación de no poder optar a una vivienda pública mientras se estuviese okupando otra, en tanto que el documento inicial permitía solicitarla si se estaba más de dos años en una vivienda de forma irregular por necesidad.
El texto fue rechazado este martes en comisión con los votos en contra del PP, la abstención del PSOE y Ciudadanos y el apoyo de Ahora Madrid, aunque fuentes municipales aseguraron que se llevaría igualmente al Pleno de la próxima semana para su votación definitiva.
Ganemos Madrid -uno de los grupos que, junto a Podemos, un sector de IU y Equo, conformó la candidatura con la que Manuela Carmena Gobierna el Ayuntamiento- ha emitido hoy un comunicado en el que recuerda que la garantía del derecho a la vivienda es una "prioridad" de Ahora Madrid y pedía varias mejoras en el reglamento.
A raíz de esas críticas, en las que ha incidido el concejal Guillermo Zapata a través de su cuenta de Facebook, la portavoz municipal ha confirmado que se ha decidido dar "al tema" un poco más de tiempo "para reflexionarlo" y "debatirlo" y para sacar un reglamento que "realmente satisfaga" las demandas de todos. "Es un tema complejo porque sobre la regulación de la vivienda existen muchas sensibilidades, intereses y percepciones distintas que no tienen solo que ver con los grupos políticos sino con los grupos sociales, las asociaciones de vecinos y la ciudadanía madrileña", ha admitido Rita Maestre.
El impedimento de acceder a una vivienda pública a quien estuviese okupando, apoyado por el PSOE, suponía un cambio con respecto al plan inicial de Ahora Madrid, donde constaba que se permitiría optar a una vivienda a quienes hubiesen ocupado el inmueble durante dos años antes de la entrada en vigor del reglamento.
Hasta ahora, la legislación municipal impedía acceder a una vivienda pública a todas aquellas personas que hubiesen 'okupado' en la EMVS en los últimos diez años.
La reforma del reglamento que ahora se aparca incluía otras medidas como la eliminación de la posibilidad de venta o arrendamiento con opción a compra de los inmuebles para que estas viviendas sean "de paso" siempre que sus ocupantes no puedan acceder a otro régimen de alquiler.
