130 millones de euros, es la cantidad que la oposicón en la Asamblea de Madrid considera que se perdió en el proyecto del Campus de la Justicia. Ciudadanos, Podemos y los sociallistas han llevado los datos a la fiscalía Anticorrupción. Ven posibles delitos y quieren que se investigue.
PRESENTA EN LA FISCALÍA LAS "IRREGULARIDADES"
Diputados de la oposición en la Asamblea de Madrid han presentado hoy en la Fiscalía Anticorrupción un informe con las "irregularidades" detectadas en el Campus de la Justicia, un proyecto que según sus estimaciones supuso un "quebranto patrimonial" de más de 130 millones de euros.
"Mires donde mires encuentras irregularidades", ha declarado a los medios la diputada socialista Mercedes Gallizo, una de las firmantes del escrito junto con el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez y la de Ciudadanos Susana Solís. Los tres han acudido juntos a la Fiscalía Anticorrupción para presentar un escrito consensuado con las presuntas irregularidades del Campus de la Justicia, un proyecto presentado en 2004 por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre que pretendía agrupar las sedes judiciales en el madrileño barrio de Valdebebas.
El informe es fruto de la información recabada en los trabajos de la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, que ha puesto el foco sobre este asunto en varias sesiones. Los diputados de la oposición ya llevaron ante la Fiscalía las "irregularidades" detectadas en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte de Canal de Isabel II, que ha sido otro de los asuntos que ha abordado la comisión.
Gallizo considera que con el Campus de la Justicia ha habido responsabilidades "no sólo políticas sino judiciales" y por eso han remitido su escrito a la Fiscalía para que complete la investigación "con más pruebas y documentos".
"Es un proyecto en el que se ha tirado a la basura una montaña de dinero de los madrileños, calculamos que puede estar por encima de los 130 millones de euros", ha dicho.
Entre las "irregularidades" que asegura que han "acreditado" ha citado el pago de 13 millones al arquitecto Norman Foster "por un proyecto que no se hizo más allá de una maqueta y planos", así como "consultorías jurídicas de una millonada".
El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez ha definido el Campus de la Justicia como una "cueva de Alí Babá para facilitar todo tipo de tropelías y malversación de fondos públicos".
"Los indicios que hemos podido identificar a pesar de la obstrucción y no colaboración del Gobierno de (Cristina) Cifuentes son más que suficientes para intuir casi con una certeza muy alta que hay delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad de documentos", ha sostenido.
Al respecto, ha señalado el actual Gobierno regional tenía conocimiento de estos "indicios de irregularidades" y cree que tendría que haberlo puesto en conocimiento de las "autoridades competentes". "Cifuentes tenía muy bien pisada la alfombra, pero debajo había muchísima porquería", ha añadido.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Susana Solís ha criticado la "nefasta gestión" y la "falta de control" de la empresa pública de Campus de la Justicia, constituida en 2004 para ejecutar este proyecto y cuya disolución definitiva tuvo lugar en febrero de 2015.
"Pedimos al fiscal que investigue gasta el final, nos falta información sobre contabilidad oficial y una auditoría sobre el Campus de la Justicia pedida por Ciudadanos y que dos años después no tenemos", ha indicado.
La parlamentaria ha mencionado las "irregularidades en la contratación y adjudicación de obras" y los gastos en publicidad de 6 millones de euros por un "proyecto que no ha visto la luz" después de que se pusiera la primera piedra en 2007. Además, ha criticado la "pasividad total" del actual Gobierno regional para facilitar información al respecto.
