La nueva ley de Patrimonio Histórico sale adelante con los votos del PP

Aranjuez (Aranjuez)

madrid

| 13.06.2013 - 20:38 h
REDACCIÓN

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Los votos en solitario del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid darán hoy el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Patrimonio Histórico, que suprime trabas y agiliza los trámites para poner en marcha actividades económicas en inmuebles históricos y modifica la actual normativa, de 15 años de antigüedad.

La norma, cuyo anteproyecto presentó el pasado mes de marzo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, beneficiará a inmuebles protegidos como el complejo de Canalejas, un conjunto de edificios históricos del centro de Madrid actualmente en desuso donde se va a instalar un hotel, apartamentos de lujo y un centro comercial.

Según la consejera de Empleo, Turismo y Cultural de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, la ley es "muy clarita", está basada en principios de la Unesco y otros organismos y entiende el patrimonio como algo vivo que "puede y debe seguir acomodándose a la realidad".

En una pregunta en la cámara, Mariño ha considerado que establece un balance entre la conservación del patrimonio y el mejor aprovechamiento económico y social de este, simplifica la normativa, elimina duplicidades y da más autonomía a los municipios, que pueden decidir si establecen algún bien de relevancia.

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario socialista, Amparo Valcarce, ha indicado, en declaraciones facilitadas a Efe, que su grupo no apoyará una "mala ley" que es "restrictiva y retrógrada" y está pensada "solo para facilitar la especulación urbanística desprotegiendo el patrimonio histórico-artístico de Madrid".

Valcarce ha resumido la ley en dos principios -el de "fachadismo" y "derribo" del patrimonio cultural- y ha considerado que la norma ha sido dispuesta a la medida de los intereses "espúreos" de los empresarios del "ladrillo" -en referencia al plan de Canalejas- y los "intereses oscuros" de Eurovegas.

El diputado de IU Joaquín Sanz ha considerado que la ley supone una total desregulación y que, aún peor que la ley presentada por el PP, han sido las enmiendas que este grupo ha incorporado posteriormente, que entiende al servicio de los intereses del empresario Sheldon Adelson o de cualquier persona que tenga solares encima de yacimientos arqueológicos.

A este respecto, ha indicado que, con la nueva ley, los restos arqueológicos se podrán integrar perfectamente en cualquier tipo de desarrollo urbanístico.

Esto podría permitir que, si se descubriese por ejemplo una villa romana, que la misma quedara en "propiedad del constructor" y se integrara dentro del desarrollo para el beneficio o disfrute de la persona que es titular de la propiedad.

El diputado de UPyD Juan Luis Fabo ha defendido su voto en contra argumentando que la nueva ley supone una merma de "clara" en la desprotección del patrimonio y ha apostado por facilitar el aprovechamiento de fórmula de mejor gestión.

También ha considerado que la ley es muy "prolija", introduce "disparidad" en criterios de fondo y "confusión", además de suponer una "ruptura" con leyes anteriores.

Fabo ha contrapuesto esta nueva norma de patrimonio con la que recientemente ha aprobado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una ley "completamente distinta" que, por ejemplo, no recoge principios como la aprobación por la vía del silencio administrativo para los Bienes de Interés Patrimonial (BIP), una nueva categoría de protección de menor nivel que el Bien de Interés Cultural (BIC).

Por su parte, el diputado del PP Bartolomé González ha recalcado la necesidad de adaptar la norma de patrimonio a la realidad y las circunstancias actuales con el principio de "la defensa del patrimonio por encima de todo".

González ha explicado que el objetivo de la norma es agilizar los trámites y poner la ley al servicio del administrado para impedir que los trámites tarden años, una dilación que al final no implica proteger, sino poner en riesgo el patrimonio.

Además, ha defendido las enmiendas incorporadas por el PP, que garantizan que los inversores que llegan a la Comunidad cumplan sus compromisos y se les pueda penalizar.