La 'mano derecha' de Flores le responsabiliza del sobreaforo del Madrid Arena

  • El juez del caso Madrid Arena ve "causa" para investigar a la cúpula policial

El director de FMS Group, Santiago Rojo, ha responsabilizado al empresario y principal imputado en el 'caso Madrid Arena', Miguel Angel Flores, del sobreaforo que se registró en el recinto municipal el pasado 1 de noviembre durante la celebración de la fiesta de Halloween al manifestar que el promotor del evento se encargó de la venta y control de entradas.

Así lo han manifestado los abogados de las acusaciones particulares en los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla. Rojo ha comparecido como imputado durante cerca de tres horas ante el magistrado Eduardo López y las partes personadas en la causa.

La declaración se ha centrado en conocer las funciones que desempeñó en relación a la fiesta y en saber quién ordenó abrir a las 02:30 de la madrugada un portón de emergencias que daba directamente a la pista central. Por esta puerta de emergencias entraron en masa cerca de 2.500 jóvenes.

En el recuento judicial de tickets, la Policía contabilizó un total de 16.791. Esta cifra superaba con creces el aforo permitido de 10.600 asistentes en dicho recinto y las 9.650 entradas que Miguel Angel Flores, propietario de Diviertt, dijo que se habían vendido.

De este modo, el abogado Felipe Moreno ha indicado que la 'mano derecha' de Flores ha detallado los asuntos de los que se ocupó su jefe, como la venta de entradas y su control el mismo día del evento.Según Moreno, Rojo habría reconocido que había más de 10.000 personas en el recinto y que la pista central estaba masificada de jóvenes.

Además, el letrado Abdón Nuñez ha señalado que habría contradicho a Flores al asegurar que las entradas que se imprimieron fueron todas vendidas, un extremo que el promotor negó.

APERTURA DEL PORTON

Respecto al asunto del portón, ha señalado que el coordinador de Operaciones y Proyectos de Madridec, Francisco del Amo, fue la persona que dio la orden de apertura. "Rojo oye cómo Del Amo da la orden", ha señalado Moreno, a lo que el abogado Abdón Núñez ha añadido que le escuchó porque estaba al lado suyo.

El pasado 9 de abril, el responsable de Madridec en la fiesta, José Ruiz Ayuso, sostuvo ante las partes que la persona que ordenó abrir esta puerta fue Santiago Rojo, director de Diviertt. Además, dijo que solo los trabajadores de Seguriber tenían el mando de la puerta.

Sin embargo, el jefe de Equipo de Seguriber la noche de la tragedia , Raúl Monteverde, aseguró que fue el coordinador de Operaciones y Proyectos de Madridec, Francisco del Amo, la persona que ordenó a Seguriber abrir el citado portón. De igual modo, el coordinador de vigilantes de Seguriber, José Nalda París, ratificó estas afirmaciones

EL JUEZ DEL CASO MADRID ARENA VE "CAUSA" PARA INVESTIGAR A LA CÚPULA POLICIAL

El juez del caso Madrid Arena ve "causa" para abrir una pieza separada para depurar las posibles responsabilidades penales de la cúpula policial del Ayuntamiento de Madrid por un presunto delito de falsedad en documento oficial, según los abogados de las víctimas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, lo ha expresado así durante la declaración como imputado del director general de Diviertt-FSM Group, Santiago Rojo.

Las familias de las cinco víctimas mortales de la tragedia y la Fiscalía habían formulado la petición para investigar las posibles responsabilidades penales del jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, de los mandos policiales Óskar de Santos y Gerardo del Rey y del responsable de Seguridad de Madrid Espacios y Congresos, Rafael Pastor.

La pieza separada está orientada a aclarar si hubo un cambio de nivel de riesgo de medio a alto de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena del pasado 1 de noviembre, lo que determinó el despliegue policial en el evento.

El magistrado también se ha mostrado contrario a abrir una pieza separada para que se impute al ex vicealcalde del Ayuntamiento Miguel Ángel Villanueva y al ex delegado Pedro Calvo por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación, como planteó el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular.