La Delegación prohíbe una concentración ultraderechista en Lavapiés

Considera que existen razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas y los bienes

Los convocantes de la concentración ultraderechista recurrirán judicialmente su prohibición

madrid

| 01.03.2014 - 14:22 h
REDACCIÓN

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Los convocantes de una concentración ultraderechista en la plaza de Lavapiés el 8 de marzo bajo el lema Alto a la invasión. Defendamos nuestras fronteras recurrirán judicialmente la prohibición decretada ayer por la Delegación del Gobierno, según han anunciado en las organizadores en las redes sociales.

Así lo decidieron en una reunión anoche de la plataforma La España en marcha, donde calificaron de "arbitraria" dicha prohibición.

"Se da la paradoja de que la Delegación del Gobierno quiere convertir ese barrio madrileño en un gueto donde los españoles no podemos manifestarnos, mientras que los invasores puede apedrear a nuestros agentes y forzar nuestras fronteras, así como impedir que nos manifestemos en nuestra propia casa", señalado.

En una resolución a la que tuvo acceso Europa Press, el departamento de dirige Cristina Cifuentes considera que existen razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas y los bienes.

La resolución ha tenido en cuenta también la protección de la igualdad y la dignidad de todas las personas, con independencia de su lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Los organizadores comunicaron la concentración hace unos días al organismo gubernamental con el lema "Denuncia pública de la inmigración masiva, que constituye una auténtica invasión de nuestra patria, así como para exigir la defensa férrea de nuestras fronteras".

De esta forma, se refieren a los últimos asaltos de inmigrantes en Melilla y a lo ocurrido en la frontera de Ceuta, donde el 6 de febrero murieron una quincena de inmigrantes intentando entrar en España.

La resolución prohibitiva firmado ayer por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, se basa en sólidos informes de la Jefatura Superior de Policía y de la Abogacía del Estado.