La Agencia de Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid (AMTA) asume actualmente la defensa judicial y la tutela social y patrimonial de más 3.300 mayores de edad que han sido declaradas judicialmente incapaces de regir sus bienes debido, principalmente, a que tienen enfermedad mental, algún tipo de demencia, así como psicosis o esquizofrenia. La cifra de atendidos aumenta un 20 por ciento cada año.
La mayoría de las personas tuteladas por la AMTA tiene enfermedad mental y/o discapacidad intelectual (el 34 por ciento), demencia (el 33 por ciento), psicosis o esquizofrenia derivadas de algún proceso asociado como alzheimer, alcoholismo, drogodependencia (el 22 por ciento).
La mayor parte tienen edades comprendidas entre los 50 y los 59 años (un 15 por ciento), si bien es importante el aumento en el número de casos de personas mayores a partir de los 80 años que se encuentran bajo tutela, debido al incremento de la esperanza de vida en la región, ha señalado el gerente de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, Carlos Zori.
Si lo distribuimos por sexo, el 56 por ciento de los tutelados son mujeres, y el resto son hombres. El 65 por ciento de las personas tuteladas por la AMTA, debido a sus circunstancias, viven en residencias y centros específicos de la región, donde se les ofrece un tratamiento adaptado a sus necesidades. El resto reside en sus domicilios y recibe el apoyo de los profesionales de la Agencia.
"Desde personas que tienen vidas muy complejas y reestructurada en cuestión de años con el adecuado trabajo de los profesionales de la Comunidad de Madrid estas personas puedan salir adelante. Cuando tenemos que montar una vida nueva, tenemos que intentar hacerlo para el resto de la vida", ha indicado.
La Agencia Madrileña de la Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que da cobertura a todas las necesidades de estas personas, prestándoles una protección integral basada en tres áreas específicas de acción: jurídica, económica y social. La mayoría de los casos, estas personas se encuentran en una situación de desarraigo o desamparo familiar.
Madrid fue una de las primeras comunidades autónomas en poner en marcha una agencia de tutela para la atención de personas mayores de 18 años incapacitadas judicialmente. Con las mejoras introducidas en los últimos años la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos se ha posicionado como un modelo a seguir por parte de otros territorios y organismos públicos.
AREA JURIDICA
El Area Jurídica asume la defensa y representación judicial de los tutelados, dando a su vez el soporte legal a todas las actuaciones que lo requieran, relacionadas tanto con la persona como con el patrimonio del incapaz. Además, el Servicio de Orientación Jurídica, ubicado en la sede de la Agencia, facilita información y asesoramiento a profesionales y familiares de adultos incapacitados sobre el procedimiento de protección legal de estas personas. Este servicio atiende de manera presencial los lunes y los jueves de 9.30 a 13.30 horas, sin necesidad de cita previa.
Una de las abogadas de la Agencia ha explicado que aquí gestionan a los tutelados todos sus aspectos jurídicos. "Ser declarado incapaz supone la 'muerte civil' de la persona. Esa persona está en su situación de desvalimiento y tiene que haber alguien que le rija su persona y bienes", ha agregado.
Existen, eso sí, distintas graduaciones de incapacidad. Además, no es una situación irreversible, porque puede ser objeto de un nuevo procedimiento en el que el juez gradúe la escala a menos, a más o pase a ser plenamente capaz nuevamente. La Agencia regional puede proponer la recuperación de todos los derechos civiles de la persona al juez a través de informes médicos. Todo el procedimiento debe pasar por la supervisión también de un fiscal y un médico forense abscrito a los juzgados.
La abogada también reveló que uno de los problemas más graves con el que se enfrentan a la hora de tratar con estos desvalidos es el hecho de que en muchas ocasiones familiares o allegados de estas personas intentan aprovecharse de sus recursos económicos y patrimonio.
"Suele haber un trabajador social abscrito a los municipios o el propio fiscal que promueve un procedimiento de incapacidad para evitar estas situaciones. También tenemos el caso de cuidadores que con un poder amplio para pleitos pueden aprovecharse de esa indefensión en la que se encuentra esa persona presunta incapaz", ha señalado.
AREA ECONOMICO Y SOCIAL
En la parte social, cabe destacar que se produce un seguimiento integral del incapacitado así como de desarrollar labores de integración y normalización de los tutelados, facilitando recursos sociales, así como de atención personal integral del incapacitado (cuidado, rehabilitación y recuperación).
Asimismo, la empleados también realizan una labor de campo visitando a tutelados que por su movilidad reducida no pueden desplazarse a la agencia, o en otros casos para controlar dónde viven y la realidad en la que se mueven para establecer un criterio de intervención adecuado a cada persona.
Uno de las diez trabajadoras sociales, Teresa Criado, ha explicado que, dependiendo de las capacidades y necesidades concretas de cada persona, diseñan una vida nueva para estas personas para cubrir en primer lugar sus necesidades básicas --que en muchos casos no están cubiertas-- y posteriormente otras específicas, que dependen de cada caso.
"El tipo de gente que pasa por aquí es muy variado, porque cada caso es distinto. Va desde gente que tiene mucho dinero y la familia intenta meter mano en ese dinero y nosotros tenemos que bloquear cuentas, a gente que está en la calle que sólo tiene una pensión de 300 euros", ha añadido.
Por último, la Agencia cuenta con un área económico-administrativa encargada de gestionar todas las cuestiones referidas al patrimonio de los incapaces, realizando las labores de administración, custodia, mantenimiento e inversión, en su caso. Allí se encargan, además, de cumplir con las obligaciones tributarias de los tutelados, así como la presentación de inventarios y rendiciones de cuentas a juzgados y tribunales.
Sólo en pensiones los tutelados cobran 12 millones de euros al años, al margen de los 350 domicilios gestionados, así como empresas y fondos que tienen algunos tutelados.
"Hay gente que tiene más autonomía y al principio cobra en banco aunque venga aquí para hacerle un seguimiento, hasta gente que por su problemática se gastaría el dinero una vez lo cobrara, pues debe venir cada semana (generalmente los martes) porque no tiene un control sobre sus gastos", ha comentado Criado. La trabajadora se mostró satisfecha por su trabajo porque "cada pasito que dan, por mínimo que sea, es para ellos enorme".
'DUDU', UN EJEMPLO PARA LA AGENCIA
Uno de los ejemplos del buen trabajo de la Agencia de Tutela de Adultos de la Comunidad es el caso de Eduardo, más conocido como 'Dudu'. Los problemas con las drogas, sus compras compulsiva y una enfermedad mental posterior le llevaron a perder su patrimonio y su integridad como persona.
Esta vida le llevó a la Agencia, donde ha relatado cómo le ayudaron a iniciar una nueva vida dedicada a la pintura. También agradeció el apoyo que le brindó la ONCE, puesto que Eduardo está ciego de un ojo por una enfermedad congénita.
"Cuando uno deja las drogas ve que la vida es complicada. Ahora estoy bien y un psiquiatra me controla mi enfermedad. Ahora pinto, trabajo, voy al gimnasio. Me queda mucho camino por delante, pero agradezco el trabajo de la Agencia y la ONCE, que me han dado mucho apoyo y amistades", ha concluido.
