La Comunidad de Madrid ultima la reparación de otras 100 viviendas públicas que se entregarán a los largo del mes de junio para atender las necesidades de familias o personas en situación de especial necesidad que han sufrido un desahucio o que en estos momentos no pueden hacer frente al pago de su hipoteca o alquiler.
Estas viviendas se suman a las entregadas la pasada semana por el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) y a las que está gestionando Cáritas en virtud del acuerdo firmado el pasado año.
El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, ha visitado una de las viviendas que están siendo reparadas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y que forman parte del cupo especial denominado Impulso Familiar que este organismo público creó en 2011 para apoyar a familias que pasaron de manera rápida y dramática a una situación de pobreza.
“Muchas de estas viviendas, explicó Cavero, proceden de ocupaciones ilegales, por eso es tan importante que no se aliente esta forma de asalto a los inmuebles porque se está privando injustamente del derecho a una vivienda a una familia que cumple con la legalidad y que realmente lo necesita”.
El consejero de Transportes, Infraestructuras y Viviendas, Pablo Cavero, ha resaltado la actitud de "tolerancia cero" ante el fenómeno de la ocupación de viviendas públicas porque perjudica precisamente el acceso legítimo a los pisos de las familias en situación de especial necesidad ante los retrasos que implica la reforma de los desperfectos ocasionados, unido al coste que requiere estas labores para el erario público.
CENSURA LA 'OKUPACIÓN'
El consejero ha censurado la 'okupación' de viviendas por el coste que supone para las arcas públicas la reparación de desperfectos y que afecta a miles de familias a las que se ha adjudicado un piso o que están a punto de ello por la demora que se produce hasta que se "libera" el inmueble.
Cavero ha reprochado la situación "deplorable" en que quedan las viviendas durante la ocupación, al arrancar incluso los sanitarios o generar situaciones especialmente problemática a los vecinos con casos incluso en los que se han tenido de 'desratizar' los pisos. Ello perjudica a las personas que legalmente tienen acceso a vivienda por personas que han estado "ilegalmente" en ellas.
En este sentido, la Consejería de Transportes, Viviendas e Infraestructuras estima que 3.000 familias en situación de especial necesidad están esperando entrar en inmuebles del Ivima e insisten en que el fenómeno de la ocupación perjudica a este colectivo.
"Desde el PP venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo años la 'ocupación con k' y es curioso que siempre encontramos la callada por respuesta de la oposición. Nos gustaría que hubiera una denuncia explícita de la 'okupación' porque en este periodo de crisis hay familias que de buena fe quieren una vivienda y sufren el drama de este contexto económico, que han perdido su trabajo y su salario y están en esa lista de espera para tener una vivienda", ha dicho el consejero.
Cavero ha censurado que, con cada ocupación, la Consejería debe destinar un presupuesto importante para remodelar la vivienda por los daños generados en el proceso de ocupación. En este sentido, ha comentado que puede oscilar entre los 20.000 o 25.000 euros e incluso hasta 50.000 euros en los casos en que están "destrozadas". "Tratamos de recuperarlas lo antes posible", ha apostillado luego.
PUERTAS 'BUNKERIZADAS' PARA EVITAR LA OCUPACION
El parqué de vivienda del Ivima y del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) asciende a 25.000 viviendas (23.000 de la primera entidad y 2.000 en el caso del IRIS), de las cuales están ocupadas cerca de 823 pisos, un 3,2 por ciento del total.
Según detallan desde el departamento que dirige Pablo Cavero, el volumen de ocupación se ha incrementado de forma considerable desde 2011, cuando había 187 viviendas ocupadas. Para evitar esta circunstancia, desde la Consejería se ha procedido a instalar puertas 'bunkerizadas' para evitar este tipo de prácticas.
En caso de que se requieran más puertas especialmente diseñadas para evitar la ocupación, la Comunidad las instalará en régimen de alquiler semanal, señalan desde la Consejería.
Por otro lado, el consejero ha señalado que se han entregado casi 500 viviendas al cupo de personas en especial necesidad en los últimos tiempos y ha recordado la labor conjunta con Cáritas para destinar viviendas del Ivima o el IRIS para personas en situación de desahucio o que no pueden hacer frente a los pagos.
Además, el titular de Vivienda recordó que el IVIMA, que cuenta con un parque de 23.000 viviendas de alquiler social, ha reducido a más de 5.000 familias su renta hasta una media de 50 euros al mes, para que puedan hacer frente al pago de su alquiler. “En total, las actuaciones en materia de vivienda que ha venido desarrollando la Comunidad de Madrid han hecho posible que hoy casi 25.000 familias habiten una vivienda pública”, recordó Cavero.
