La Comunidad remite a la Asamblea el proyecto de nueva Ley del Suelo

La futura ley responderá a las necesidades de desarrollo de los 179 municipios de la región

Los municipios de menos de 5.000 habitantes y hasta 6 millones de presupuesto puedan elaborar un plan de ordenación urbana simplificado

Se fomenta la rehabilitación y renovación urbana frente a los grandes desarrollos

El suelo que hasta ahora se consideraba urbanizable no sectorizado pasa a ser suelo no urbanizable común

madrid

| 04.04.2017 - 14:17 h
REDACCIÓN

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de la nueva Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid, que será remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación, según explicó la presidenta regional, Cristina Cifuentes, quien afirmó que el objetivo es aprobar el texto definitivo antes del verano y conseguir que cuente con el mayor consenso posible.

"A falta de las aportaciones que puedan surgir durante el debate parlamentario, el citado proyecto beneficia a todos los municipios independientemente de su ubicación geográfica o tamaño y, por tanto, también a todos los madrileños", afirmó Cifuentes, quien señaló que "una de las principales novedades es adaptar el planeamiento a cada municipio en función de sus características".

Asimismo, informó de que la nueva norma incluye la posibilidad de llevar a cabo un plan general de ordenación urbana simplificado, diseñado para los municipios de menos de 5.000 habitantes y hasta seis millones de euros de presupuesto. También indicó que estos municipios podrán optar por este plan general simplificado más flexible y ágil que el ordinario siempre y cuando las actuaciones se centren en sus cascos urbanos y no incluyan nuevos desarrollos.

A su juicio, esta nueva ley apuesta por un desarrollo urbano sostenible basado sobre todo en la rehabilitación y la regeneración urbana y, para ello, se dota a las medianas y grandes ciudades de nuevos instrumentos como los programas municipales de actuación sobre el medio urbano, cuya elaboración será voluntaria y que permitirán que las alteraciones del planeamiento necesarias para desarrollar y ejecutar actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que se incluyan en los mismos sólo requieran la aprobación de planes especiales, sin que sea necesario modificar el planeamiento general como hasta ahora.

La presidenta de la Comunidad de Madrid señaló que la nueva norma mantiene las clases de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, pero con modificaciones, como que el suelo que hasta ahora se consideraba suelo urbanizable no sectorizado pasa a ser suelo no urbanizable común.

Tras manifestar que "este cambio de denominación consigue aclarar los términos y clarificar en qué suelos se puede desarrollar o no", destacó que en este suelo no urbanizable común no se podrá construir en ningún caso, salvo que se cambie su clasificación en el planeamiento general, a iniciativa de los propios ayuntamientos.

UN URBANISMO PLENAMENTE TRANSPARENTE

Aseguró que el espíritu de la nueva ley pretende abrir el urbanismo a todos los madrileños y hacerlo plenamente transparente. Para ello, dedica su primer título en exclusiva a establecer las reglas relativas a la información urbanística y a consagrar el derecho a la participación ciudadana en el planeamiento de sus localidades, adaptando la norma a la Ley de Transparencia y a las nuevas disposiciones estatales sobre procedimientos administrativos.

Además de estas novedades, el texto también busca acabar con la dispersión normativa, la conflictividad jurídica y las lagunas legislativas que existen en la actualidad en nuestra región, garantizando con ello la seguridad jurídica en esta materia.

Consideró que la nueva ley refuerza la capacidad de las administraciones para actuar frente a posibles infracciones urbanísticas, incrementando los plazos de prescripción hasta ocho años y endureciendo el régimen sancionador, destacando la posibilidad que tendrá la administración para decomisar cualquier beneficio que se obtenga por la comisión de una infracción, así como la posibilidad de que a la administración no le suponga ningún coste las actuaciones que tenga que llevar a cabo para restaurar la legalidad urbanística, repercutiendo ese coste en el infractor.

En el texto se señala que una vez aprobada la ley, todos los municipios de la región tendrán un plazo de cuatro años para adaptar su planeamiento a las nuevas disposiciones. "Si trascurrido este tiempo no han actualizado su plan general, éste seguirá vigente pero no podrán llevar a cabo ninguna modificación puntual", concluyó.