El viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Gabriel Fernández Rojas, ha pedido al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ponga en marcha "los correlativos necesarios" para acabar con las "redadas indiscriminadas" para identificar a extranjeros que se siguen produciendo en algunas salidas de Metro, según le han transmitido asociaciones de inmigrantes.
En la comisión sobre Inmigración celebrada este lunes en la Asamblea de Madrid, Fernández Rojas se ha remontado a una instrucción interna en las comisarías madrileñas de hace dos años, en la que se recogían 'cupos' de detenciones de inmigrantes, y ha señalado que dicha circular fue "indebida y fuera de toda ley". "Las detenciones de extranjeros por meros indicios sin ser sospechosos de ningún delito no tiene cobertura legal en nuestro ordenamiento", ha apuntado.
Asimismo, el viceconsejero ha recordado que, tras la polémica generada al hacerse público el sistema de cupos de detenciones, el ministro del Interior dijo en sede parlamentaria que no volverían a darse. "Reconocía de esta manera lo que era una evidencia para ONG, sindicatos policiales, partidos políticos, etcétera... de lo que eran las redadas indiscriminadas. Lo reconoció no sin antes dar hasta seis versiones distintas", ha apuntado.
Fernández Rojas ha agregado que en enero de este año Rubalcaba volvió a negar dichas operaciones policiales lo que, a su juicio, "contrasta con la preocupación permanente de muchas asociaciones, que identifican claramente espacios de incertidumbres". "Se sienten amedrentados y evitan a ir a ciertas bocas de Metro a recoger a sus hijos o ir a locutorios", ha apostillado.
El viceconsejero respondió así a la pregunta formulada por la parlamentaria regional del PP Marta Escudero Díaz, que ha criticado al Gobierno central por pasar de una situación de "papeles para todos a redadas para todos, más propias de un Estado policial que de un Estado de Derecho".
Al igual de García Rojas, la diputada no ha culpado de las redadas a la Policía, sino a la Dirección del Ministerio de Interior. "La Policía se ve obligada a acometer esta ilegalidad. Son hechos ilegales, injustos y arbitrarios. La jurisprudencia establece que para identificar a un ciudadano tiene que haber algún indicio de que haya cometido un delito", ha indicado Escudero, que ha asegurado que las asociaciones de inmigrantes les han transmitido que éstos, vivan o no legalmente en España, se sienten "criminalizados" por estas intervenciones policiales.
