La Comunidad impulsa un proyecto contra el maltrato a las personas con discapacidad

  • Se han adherido a este proyecto más de 70 organizaciones entre entidades, gestoras y ayuntamientos

La Comunidad de Madrid puso en marcha en marzo el dispositivo en red Predea, un instrumento que busca prevenir y actuar ante casos de abuso o maltrato a personas con discapacidad intelectual al que se han adherido ya más de 70 organizaciones.

Según informa el Gobierno regional, Predea reconoce a los profesionales que trabajan diariamente con las personas con discapacidad una posición inmejorable para detectar este tipo de situaciones y se propone formar a agentes clave en los distintos centros de la Red.

El proyecto arrancó en marzo y se han adherido más de 70 entidades, gestoras o ayuntamientos que junto a la Agencia Madrileña de Atención Social integran la Red Pública de Atención Social a personas adultas con discapacidad intelectual de la Comunidad.

Hasta el momento, se han comprometido con el proyecto un 90% de los centros de esta Red y se han designado 176 profesionales que ejercerán como agentes clave.

Una vez constituidos los primeros equipos de trabajo, la segunda fase de este proyecto es la capacitación y formación de los agentes clave, profesionales que serán, a su vez, los encargados de desarrollar un plan propio de cada centro y contribuirán a generar un intercambio de experiencias y una cultura compartida en toda la red para prevenir todo tipo de situaciones de abuso (maltrato físico y psicológico, violencia de género, abuso sexual, negligencia, abandono o abuso material o financiero).

Con la implantación del dispositivo en red Predea la Comunidad busca velar por los derechos de las personas con discapacidad, homologando y adaptando a las especificidades de cada entidad los protocolos de intervención que permitan proteger la seguridad y el bienestar de las víctimas cuando se detecten casos de abuso, garantizando también la integridad de los elementos probatorios que puedan ser necesarios para una denuncia y un proceso judicial.

Distintas investigaciones científicas estiman que la probabilidad de que una persona con discapacidad intelectual sea víctima de maltrato o abuso es entre tres y diez veces mayor que la de una persona sin discapacidad intelectual.